Costa Rica: Evaluación a educadores
Juan Carlos Hidalgo considera que es una buena idea someter a una evaluación a los educadores y que los resultados de estas evaluaciones deberían ser públicos.
En febrero del 2015, el presidente Luis Guillermo Solís inauguró el curso lectivo con una magnífica idea: evaluar a los educadores. Un año después, ¿en qué quedó la propuesta?
Empecemos repasando por qué es tan necesaria. El presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica ha crecido exponencialmente en la última década: aumentó en términos reales poco más del 145%. Para este año, dicha cartera planea gastar ¢2,4 billones (un 29,5% del presupuesto total del Gobierno Central) de los cuales casi un 64% se iría en el pago de remuneraciones. ¿No sería sensato establecer controles de calidad para ver si esta bicoca de dinero se está gastando adecuadamente?
Hay buenas razones para creer que este no es el caso. Por ejemplo, hace unos años se reportó que el MEP contrataba a ciegas a maestros y profesores. Con solo poseer un título universitario, sin tener que demostrar mayor conocimiento sobre una materia, una persona podía ser contratada para impartirla en un centro educativo estatal.
En el 2010, el MEP hizo pruebas de conocimiento a los profesores de Matemática e Inglés —la única vez que se han realizado—. Los resultados fueron de espanto: casi la mitad de los educadores de Matemática falló en contestar preguntas de nivel de bachillerato y un 38% de los profesores de Inglés se ubicó en los peores niveles.
Como era de esperarse, el reto del presidente Solís chocó de inmediato con la oposición feroz de los sindicatos. Gilberto Cascante de Asociación Nacional de Educadores (ANDE) dijo que este tipo de pruebas “afectan la psicología del docente”. Ana Doris González de Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) fue más dramática al llamarlas “una novela de terror”. El berrinche bastó para que la ministra Sonia Marta Mora engavetara la propuesta. Aun así, la idea merece ser discutida.
Un buen plan funcionaría así: cada año se llevarían a cabo evaluaciones para todos los docentes. Si un educador falla una prueba, tendría que someterse a un curso de recapacitación en su respectiva materia. Si reprueba tres veces consecutivas, perdería la plaza. Asimismo, los resultados de estos diagnósticos deberían ser públicos, de tal forma que los padres de familia sepan cuáles escuelas y colegios cuentan con los mejores índices de calidad docente y puedan ejercer presión si las pruebas indican un deterioro en el centro educativo adonde van sus hijos.
Esta sería una reforma educativa de alto impacto. Es una lástima que el gobierno “les comiera gallina” a los sindicatos y no la desarrollara. Todavía está a tiempo.
Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 15 de abril de 2016.