Corrupción: también se equivocó

El pasado 15 de septiembre durante la ceremonia del grito, después de las tradicionales “vivas” a algunos de los héroes de la Independencia, el presidente López, en total fuera de lugar, exclamó tres “mueras”: al racismo, al clasismo y a la corrupción (A propósito le faltó, para emular a Miguel Hidalgo y Costilla, el grito de “muera el mal gobierno”; no lo dijo porque habría sido un autogol).

Destaca que haya mencionado como parte de sus sentencias de fenómenos que ameritan la pena de muerte a la corrupción ya que, según él, ésta es provocada por el “neoliberalismo” (lo que él crea que ello signifique) el cual fue enterrado el 1º de diciembre de 2018. Sorprende también que la haya mencionado porque según él en esa misma fecha y solo con su ejemplo de honestidad, la corrupción habría sido completamente erradicada. Pues así como dice que se equivocó al oponerse a la militarización de la seguridad pública, también dejó ver que se equivocó al ilusamente pensar que solo porque él dice ser honesto todos los demás también lo serían. Y para dejar claro que su ejemplo no solo no es suficiente, sino más aún y para efectos prácticos es inútil, ahí está el informe 2022 de Transparencia Internacional que le asignó a México un puntaje de 31/100, situándolo en el lugar 124 de entre 180 países evaluados. Coincidentemente, 32/100 es el puntaje asignado en el Índice de Libertad Económica en el renglón de integridad gubernamental.

Es claro que México y sus habitantes estaríamos mejor si no hubiese la lacerante corrupción que impera y que como un cáncer que corroe el tejido social acarrea notables costos. La corrupción actúa como un impuesto sobre el crecimiento, un gravamen que encarece el proceso de desarrollo económico y que inhibe, si no es que en algunos casos impide, que la población en su conjunto alcance mayores niveles de bienestar. La evidencia internacional es abrumadora: aquellos países que tienen un arreglo institucional sólido, uno en donde impera el Estado de derecho y por lo mismo la incidencia de corrupción es muy baja son, simultáneamente, los que tienen un mayor nivel de desarrollo económico y humano.

Y es aquí en donde radica gran parte del porqué la corrupción en México no se ha reducido. En lugar de atacar de raíz las causas que generan corrupción y de construir un arreglo institucional sólido que permita perseguir y penar a quienes incurran en actos de corrupción y desmantelar las redes que permiten que este fenómeno exista, durante los casi cuatro años que lleva este gobierno se ha debilitado el Estado de derecho habiendo sido una de las víctima del tsunami de destrucción llevado a cabo por el presidente el Sistema Nacional Anticorrupción.

No solo se han debilitado los mecanismos institucionales que permitirían un eficaz combate a la corrupción, sino peor aun, se han incrementado las prácticas gubernamentales que pueden inducir y hasta facilitar la corrupción como el que 80% de los contratos públicos hayan sido por adjudicaciones directas en mecanismos poco transparentes (aquí también se equivocó el presidente porque durante la campaña había prometido acabar con ellas), el persistente desvío de recursos con la utilización de empresas fantasmas, la realización de negocios al amparo del poder político y la creciente militarización del accionar público en tareas que constitucionalmente no les competen con el cada vez mayor presupuesto público ejercido por las fuerzas armadas, organizaciones caracterizadas por su muy poca transparencia y rendición de cuentas.

Pero no solo es en el ejercicio del gasto público en donde sigue prevaleciendo una alta incidencia de corrupción. También persisten los sobornos para evitar una multa o una inspección gubernamental, el pago para acceder a servicios públicos como el sistema educativo y el de salud, sobornos para ser conectado a las redes de electricidad y de agua, la extorsión practicada por funcionarios públicos quienes utilizan su facultad de otorgar, condicionar o negar licencias y permisos para apropiarse de una renta, sobornos a policías, agentes del ministerio público y jueces en los procesos de procuración y administración de justicia, la protección a organizaciones delincuenciales y un muy largo etcétera.

Sentenciar a muerte a la corrupción en un discurso no pasa de ser solo un acto populista mientras en la práctica nada se haga para efectivamente combatirla; este gobierno no lo está haciendo y el presidente persiste en su error.

Este artículo fue publicado originalmente El Economista (México) el 19 de septiembre de 2022.