Corromperlos a todos

“Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas”.
Gandalf, el Gris.

La corrupción, entendida como la apropiación o utilización ilícita de recursos públicos, es tan antigua como común a cualquier sociedad. Varían, desde luego, las expresiones del fenómeno, como el grado en que tiende a presentarse en cada país, tal y como lo muestra el índice elaborado anualmente por la organización Transparencia Internacional, en el que se muestra el ranking mundial de los países menos corruptos y a la vez el de los países que muestran los peores registros en el tema, entre los que figura Venezuela desde hace ya varios años.

Entendida de esta forma que cabe llamar convencional, la corrupción es un problema que se observa tanto en las sociedades abiertas, libres y democráticas, como en las cerradas, autoritarias y despóticas, sólo que en unas se la combate con medios institucionales y se rinde cuenta acerca de los avances en el tema, mientras que en las segundas, cabe decir, se la practica con absoluta impunidad, sobre todo desde los más altos cargos estatales, no se rinden cuentas, pero en general se la condena públicamente, con total hipocresía claro está, pero con el propósito de advertir que sólo quienes detentan el poder tienen “licencia” para robar, no así el resto de la población.

De este modo, lo propio de regímenes totalitarios, teocráticos y militaristas contrarios a la libertad existentes durante el siglo XX en materia de corrupción, era practicarla entre los miembros de la casta dominante y sus aliados más inmediatos, pero impedir que el resto de la población sometida a su dominio político la practicara y se beneficiara también de ella, quizá por su abierto desprecio a quienes carecen de poder y son considerados meros súbditos que sólo deben obedecer, o quizá por considerar que extender la corrupción a toda la sociedad podía ser políticamente peligroso para la estabilidad del régimen.

Pues bien, este último enfoque es el que parece haber cambiado de raíz en los llamados nuevos autoritarismos del siglo XXI, aquellos que ascienden al poder a través de métodos democráticos, y que una vez al frente del Gobierno cambian el marco constitucional para abolir libertades y perpetuarse en el poder manteniendo falsas formas democráticas. En efecto, en estos regímenes, como los que operan en Venezuela y en algunos otros de los países de la llamada “ALBA”, se observa un cambio de enfoque respecto de la corrupción que merece ser analizado con más atención.

En efecto, en estos casos, en los que el poder autoritario se base en discursos populistas y colectivistas, llenos de resentimiento, división social y promesas irrealizables en favor de los pobres, se observa, en primer lugar, que la corrupción ya no es condenada públicamente como solían hacerlo dictadores y tiranos teocráticos en el pasado, más bien no se habla de ella y sólo se la menciona cuando interesa afirmar que es practicada por el “enemigo” (la derecha, la oligarquía, el fascismo, etc.).

En segundo lugar, ya no es privilegio único de quienes detentan el poder al más alto rango, sino que en forma progresiva, y según alcancen los recursos a depredar, se ha ido “democratizando” la corrupción, a fin de que tanto a interior del Estado con en su exterior cada día más y más personas —esto incluye a sectores de la oposición política— estén vinculadas con hechos de corrupción, para que el régimen logre un doble propósito: de un lado, tener pruebas en contra de toda persona vinculada con hechos de corrupción si opta por oponerse políticamente al autoritarismo y llevarla a la cárcel, y de otro, el generar los incentivos necesarios para que en general la población acepte, demande y hasta legitime la corrupción, como una forma de existencia normal, y acaso ya la única posible en medio de la inflación, desempleo, escasez y pobreza general que causan dichos regímenes.

Un cambio de conducta ante la corrupción como el descrito, y que tendría en el caso de la América Latina su precursor en el régimen dictatorial de Alberto Fujimori en el Perú, hace posible considerar que la corrupción, de ser una conducta socialmente condenada y que se practica en forma marginal y a la sombra de la impunidad que ciertos privilegios daban a los que mayor poder tenían en regímenes autoritarios, ha pasado a ser al menos en algunos casos una conducta socialmente tolerada, que es promovida como política de Estado en diferentes manifestaciones y grados, a lo largo y ancho de la sociedad, para que cada día más personas se habitúen a ella y la necesiten para sobrevivir, y por esta vía no aspiren a vivir bajo las reglas del Estado de Derecho, la economía de mercado y la democracia política.

Así entendida la corrupción en estos neoautoritarismos, cobra todo sentido el alerta hecho por el entonces Secretario General de Naciones Unidas, Kofi A. Annan, en su prefacio a la Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la Corrupción: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana".

En el mismo sentido, en reciente artículo dedicado al fenómeno en el caso venezolano, el psicólogo analítico Axel Capriles señaló: “Para evitar la crítica adversa que producía la corrupción en el pasado, la revolución bolivariana expandió de tal manera el sistema de reparto clientelar de la renta petrolera que logró corromper a la sociedad entera. Subvirtió los principios y valores que servían como cortapisas a la corrupción, convertida en un deslumbrante sistema de beneficencia pública (…) La corrupción administrativa dejó de ser un vicio para convertirse en una simple queja cuando dejaba de salpicar a las personas que de ella se beneficiaban. Una especie de miasma moral infectó la consciencia colectiva y la corrupción se generalizó a la empresa privada, a las organizaciones sin fines de lucro, a las fundaciones, a las familias, en todas partes”.

Se trata de una estrategia que han ido afinando los nuevos regímenes autoritarios para ganar adhesión a su proyecto de dominación y lograr la subordinación de las personas, más allá del uso del terror y la represión, a través de la corrupción como política de Estado, camuflada de lucha contra el capitalismo, la globalización y demás ficciones construidas por los enemigos de la libertad, estrategia que asume que ya no es un riesgo político expandir la corrupción por toda la sociedad —e incluso, a otras sociedades con fines de influencia geopolítica— y que, en cambio, hacerlo es una vía segura para perpetuarse en el poder, al extinguir todo incentivo en la mayor parte de la población —incluida la oposición política— en desalojar del poder a la tiranía.

Y decimos que esta estrategia se ha ido “afinando”, porque se la oculta muy bien bajo supuestas políticas públicas redistributivas y de apoyo a los más pobres, que hasta elogios despierta a nivel internacional como en la oposición doméstica, siendo ejemplos de ella en la Venezuela chavista las llamadas “Misiones”, los órganos del “Poder Popular” —Consejos Comunales, Comunas—, las más de quinientas (500) empresas estatales que existen —la mayoría de ellas creadas por Hugo Chávez y su sucesor— con falsos fines de utilidad pública, los Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP), los controles de cambio y de precios que se aplican a la totalidad de la actividad económica nacional, las unidades seudomilitares —Milicia, Unidades de Batalla Hugo Chávez—, las expoliaciones estatales e invasiones promovidas por el régimen contra bienes de propiedad privada, entre tantas otras que se podrían mencionar.

Todas ellas son supuestas políticas públicas de ayuda a los más pobres, pero en realidad son medidas para corromperlos y someterlos al régimen socialista y militarista que detenta el poder, empleando para ello tanto recursos públicos como también recursos privados —otra novedad en materia de corrupción de estos regímenes, en los que la diferencia entre lo estatal y lo privado termina por desaparecer, facilitando así el robo de lo privado como fuente de corrupción—, generando nuevas y más complejas dificultades a quienes luchan por recuperar la libertad y la democracia política, ya que no hay sector u organización social a salvo de ser penetrado por esta política insidiosa autoritaria.

Debido al peligro que representa esta nueva conducta de los autoritarismos frente al fenómeno de la corrupción, es urgente sumar a los métodos y procedimientos que se emplean nacional e internacionalmente para identificarla, combatirla y erradicarla, generar nuevos enfoques, que muestren a los ciudadanos en general: 1) cómo existe una relación directa entre los discursos populistas y los regímenes autoritarios —como de aquéllos se llega muy rápido a estos—; 2) cómo los autoritarismos promueven la corrupción como herramienta política para generar pobreza y servidumbre; y 3) por qué urge enfrentar este problema antes de que haga metástasis en la sociedad, y ponga en grave riesgo el Estado de Derecho, la democracia política y la economía de mercado. Para esto último, no conviene limitarse a la mera aplicación de normas sancionatorias, sino aplicar métodos adecuados, por ejemplo, como el análisis de los fallos del Gobierno y los incentivos que toda política pública genera en gobernantes, electores, burócratas y partidos, propuesto por la Escuela de la Public Choice, y así anticipar si es conveniente o no el que se apliquen las políticas propuestas.

El desafío es dotar a las personas, especialmente a los electores, de ideas, metodologías y enfoques que los hagan más críticos, vigilantes y descreídos de las ofertas mesiánicas, y los vuelva más libres, autónomos y participativos en los asuntos públicos de su ciudad, de su región y de su país, para así lograr derrotar la siniestra estrategia de los nuevos autoritarismos de corromperlos a todos para atarlos a las tinieblas, tal y como Sauron se propuso, casi con éxito, en la Tierra Media creada por el genio de J.R.R. Tolkien.

Este artículo fue publicado originalmente en El Nacional (Venezuela) el 18 de abril de 2017.