Contrabando de tabaco
Juan Carlos Hidalgo indica que uno de cada cuatro cigarrillos que se fuma en Costa Rica serían de contrabando.
El contrabando de cigarrillos está en su máximo apogeo. Según un informe elaborado por Cid Gallup, la incidencia de marcas no domésticas en el mercado nacional creció hasta llegar al 26,5% en el 2014. Uno de cada cuatro cigarrillos que se fuma en el país sería contrabandeado.
Las mismas autoridades reconocen que el comercio ilegal se disparó tras la aprobación de la Ley de Control del Tabaco del 2012, la cual, aparte de imponer fuertes restricciones a la publicidad y al fumado en espacios públicos, aumentó drásticamente los impuestos. Actualmente, sobre una cajetilla de producción nacional pesa un tributo de ¢22,64 por cigarrillo, a lo que se le suma un 95% de impuesto selectivo de consumo, un 2,4% de gravamen para el Inder y un 13% de impuesto de ventas. De tal forma, el precio final de una cajetilla es aproximadamente un 80% impuestos.
El objetivo de la ley es encarecer significativamente el precio final de los cigarrillos, de tal forma que su consumo caiga de manera similar. Sin embargo, al ser altamente adictivo, el tabaco es lo que se conoce en economía como un bien de demanda inelástica, es decir, su consumo no varía mucho aun si el precio aumenta —al menos a corto plazo—.
El impacto sobre la demanda es más limitado si la oferta legal encarecida es simplemente reemplazada por una oferta ilegal más barata, que es lo que ha ocurrido.
Hay dos consecuencias negativas importantes del contrabando. En primer lugar, al igual que con otras drogas, el tráfico ilícito de cigarrillos está cada vez más bajo el control del crimen organizado. No es para menos: si las cifras de consumo son ciertas, el valor del mercado negro superaría fácilmente los ¢29.000 millones anuales. Se trata de otro ejemplo donde el Estado ha creado una mafia.
Pero quizá el desenlace más preocupante es el sanitario. Los estudios indican que los cigarrillos contrabandeados contienen mayores niveles de nicotina, de metales como cadmio y plomo, además de otras sustancias tóxicas. Peor aún, el informe de Cid Gallup señala que el fumador de marcas ilícitas consume más y es de un nivel socioeconómico bajo —en otras palabras, es una población más vulnerable—.
Legislar sobre estos temas no es como soplar y hacer botellas. Hay que tomar en consideración los incentivos económicos y el comportamiento humano para no arribar a consecuencias no deseadas. Si los altos impuestos sobre el tabaco están haciendo más daño que bien, es hora de revisar la estrategia.
Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 24 de octubre de 2016.