Contra la industria minera
Eduardo Turrent Díaz señala el deterioro del marco institucional de México y como este ha perjudicado el atractivo del país para las inversiones en minería.
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Un pariente mío de referencia, fue un aplicadísimo estudiante durante su formación escolar. Ya después, graduado de ingeniero químico, desarrolló su carrera profesional en la industria minera. Con esos antecedentes, en plática telefónica me expresó en tono muy prudente lo que sigue: “quienes escribieron la ley reciente para la minería, no conocen a la industria. El gobierno carece de los recursos para encargarse de la exploración; es injustificable querer cargarle a las empresas mineras tareas que corresponden al gobierno”. ¿Le asiste la razón a mi pariente? Al parecer sí.
Un muy interesante reportaje del pasado lunes, aquí en El Economista, llevó por cabeza: “Palidece atractivo de México para invertir en minería”. La fuente principal para la nota fue el informe anual del Instituto Fraser, con sede en Canadá, especializado en evaluar el atractivo de los países para captar inversiones en el sector minero. En ese sentido, se explica en la nota, “el índice de atracción de inversión para México bajo en puntación de 66. 46 a 60,16 unidades (sobre un total de 100), su menor nota en cuando menos los últimos 5 años”.
Pero un punto central en la discusión, es que la evaluación correspondiente fue previa a la expedición de la reciente ley para la minería. Con la nueva ley minera, seguramente se deteriorará el atractivo del país para captar inversiones en el sector. En la coyuntura descrita, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, intentó tapar el sol con un dedo y declaró con respecto al gobierno de Canadá, que ese país no abrirá dentro del T-MEC un panel de controversias en el tema de minería. Pero la cuestión en discusión no es esa, sino relativa a la forma en que se están deteriorando los incentivos para invertir en el sector minería en México. Y el problema es que los efectos de ese marco de desincentivos no se dejaran sentir de manera inmediata, sino con el paso del tiempo: en los plazos mediano y largo.
Son difíciles de entender las motivaciones de la actual administración para anotarse autogol o lanzar bumerangs que se les van a devolver directo a la cabeza. Y las preocupaciones correspondientes quedaron reflejadas en las respuestas que recabó el Instituto Fraser para su encuesta del año 2022. Preocupaciones por el sistema jurídico de México, reclamaciones por litigios sobre tierras, incertidumbre sobre la administración gubernamental e interpretación y aplicación de la regulación vigente. ¡Clarísimo!
Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 18 de mayo de 2023.