Continuar la destrucción

El presidente López sigue empeñado en destruir a México y a todo su entramado institucional. En la mañanera del pasado 6 de marzo dijo que iba a dejar una lista de reformas pendiente para continuar su “transformación”, una serie de instrucciones a quien lo suceda suponiendo, obviamente, que sea una de sus corcholatas.

Una de las reformas que mencionó, fue la del poder judicial para, según él, “moralizarlo” porque actualmente es un bastión del “conservadurismo corrupto que defienden Krauze y Cossio”. Claramente le enojó la manifestación multitudinaria y voluntaria de la sociedad el 28 de febrero en defensa del INE y del voto libre, concentración en la cual se le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, haciendo valer su independencia y los principios liberales de la mayor parte de los ministros, defiendan la Constitución y declaren como inconstitucional la reforma electoral aprobada por los legisladores morenistas y rémoras que los acompañan, legisladores serviles y sin dignidad. Volvió a mencionar que los juzgadores deben privilegiar “la justicia por sobre el derecho”, siendo él quien define qué es lo justo. López se asume así, como el “dictador benevolente” que imparte justicia sin entender que no puede haber forma más efectiva de que exista justicia que cumpliendo con lo establecido en el marco legal, condición mínima indispensable para el funcionamiento de la sociedad.

Ya encarrerado otra reforma que mencionó fue la eliminación de todos los organismos que se crearon en la “época del saqueo y de la corrupción” ya que según él ese andamiaje institucional fue creado “como parte del encubrimiento, el famoso maiceo de Porfirio Díaz en su versión moderna” y además, osaron hacer a muchos de estos autónomos “para que tengan más fuerza y más capacidad de decisión que el presidente”. Y mencionó al INAI, al IFT y a la Cofece así como un conjunto de organismos en el sector energético. Es aquí en donde, en la misma mañanera, el presidente dejó de ser el “dictador benevolente que imparte justicia” para convertirse en el “déspota que no acepta los contrapesos ni está dispuesto a rendir cuentas”.

Es claro que además de no aceptar la existencia de contrapesos institucionales y que no le gusta tener que rendir cuentas, el presidente tampoco entiende que para la sociedad en su conjunto hay una ganancia de la existencia de los tres organismos autónomos mencionados y que la autonomía de la cual fueron dotados fue precisamente para eliminar actos discrecionales por parte del poder ejecutivo que favorecieran actos de corrupción así como acciones que favorecieran a determinados actores privados otorgándoles rentas a costa del bienestar de los consumidores.

En el caso del INAI es claro que su razón de ser, además de la protección de los datos personales de los individuos, es dotar a la sociedad de los instrumentos para que pueda ejercer una labor de vigilancia sobre el accionar gubernamental, en particular sobre el ejercicio del gasto público, forzando al gobierno a ser transparente reduciendo con ello la incidencia de corrupción. Al presidente, cual dictador en este caso “no benevolente” se le olvida que él no es el dueño de los recursos, solo su administrador y que por lo mismo está obligado a ejercerlos con eficiencia, eficacia y honestidad. Esto no le gusta y de ahí su inclinación a preferir el otorgamiento de contratos vía asignación directa y declarar varios rubros de gasto público como de “seguridad nacional” evadiendo con ello la responsabilidad de ser transparente. El resultado está a la vista: la corrupción está en niveles nunca antes vistos.

En cuanto a los órganos encargados de procurar la existencia de mercados que operen en competencia y perseguir y penalizar prácticas no competitivas o monopólicas, el IFT en el área de las telecomunicaciones y la Cofece en todas las demás, el presidente no entiende que la existencia de mercados que operen en competencia, incluido el energético, beneficia relativamente más a los individuos y familias de menores ingresos; la evidencia internacional al respecto es abrumadora: la existencia de monopolios y de prácticas anticompetitivas son altamente regresivas. Por lo mismo y para evitar que el burócrata encargado de otorgar licencias y permisos lo haga discrecionalmente de forma tal que favorezca a una empresa que explotaría su posición monopólica extrayendo rentas de los consumidores, es que es práctica internacional que los organismos encargados de regular este tipo de acciones sean autónomos.

En lugar de destruir los organismos autónomos como quiere López, lo que hay que hacer es fortalecerlos. La sociedad gana con mayor transparencia y menor corrupción en el ejercicio del gasto público así como con mayor competencia en los mercados.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 12 de marzo de 2023.