Confinando la informalidad

La gestión de la pandemia en América Latina nos ha enseñado cuán inestables son en realidad nuestras economías, sobre todo por el alto grado de informalidad que reina en el seno de cada una. Para detener la expansión del virus, la medida que se aplicó casi sin excepción a lo largo de toda la región fue la llamada “cuarentena”, que más bien debería llamarse “confinamiento”, sin eufemismos, porque hace rato que excedió los 40 días implícitos sin por ello detener el contagio del virus chino. Casi todos los países de América Latina iniciaron el confinamiento en marzo, cuando los casos reportados no eran masivos, y tras 180 días muchos permanecen cerrados, con aperturas parciales de por medio, pero también con la media de contagios más elevada del mundo. ¿Por qué el confinamiento no terminó de dar resultados positivos? Pues, entre otras cosas, parece que es imposible para los gobiernos contener el desarrollo de la acción humana expresado en la economía informal, o bien, porque resulta muy elevado el costo de hacerlo por medio de la fuerza.

En la ciudad de Wuhan, que fue epicentro global de la pandemia, el confinamiento total duró casi tres meses, mientras que en España e Italia alcanzó un trimestre a plenitud. En ambos casos se logró el resultado perseguido: la contención de la expansión del virus, a costa de miles de desempleados y el ensanchamiento de las curvas de pobreza. La aplicación de severas multas y hasta de privaciones de libertad fueron las medidas intimidatorias para retener a la gente en su casa, con la violación de todas las libertades civiles que se piensen. En América Latina, no obstante, ello no tuvo lugar más que en algunos países, y con muchas irregularidades que no vienen al caso. 

Pero para entender esto en nuestro contexto es necesario ir a los datos, como insistiera Milton Friedman. Aunque las economías latinoamericanas han venido creciendo en los últimos años, salvo dolorosas excepciones, no pueden ocultar ya, a la luz de la pandemia, el enorme peso que representa la informalidad. Ya en 2014 el Banco Mundial estimaba que el número de trabajadores informales llegaba a los 130 millones de personas en toda la región, cifra que según este organismo equivale a casi la mitad de toda la fuerza laboral disponible. Ese mismo aproximado de 130 millones de trabajadores informales lo reflejaba también el Foro Económico Mundial ya en 2017, a partir de un informe publicado ese mismo año por el Fondo Monetario Internacional, en el que además se segmentaba el número de jóvenes involucrados en al menos 27 millones. 

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo estimaba antes de la pandemia que el número de trabajadores informales, en contraste con los demás organismos, era superior a los 140 millones de personas, lo cual representaría igualmente un 50% del total de la fuerza laboral de la región. Es decir, entre 130 y 140 millones de latinoamericanos que viven del día a día y que no pueden parar, porque lo que producen a muy corto plazo es lo que les permite subsistir, en actividades que se suelen dar sin más en plena calle, o que pueden ser a domicilio según el servicio dado y el flujo de clientes que se tenga, o que incluso se pueden dar dentro de comercios formales en labores no reconocidas mediante contratos. Para muestra de esto vale referir el caso de los miles de migrantes venezolanos que, insertados en el sector informal de otras economías del continente, se vieron imposibilitados de trabajar ante el confinamiento, sin otro remedio que volver a su patria.

Es decir, casi la mitad de la fuerza laboral de América Latina se haya en una situación donde el teletrabajo, el trabajo a distancia o el trabajo en días intercalados no son una opción. Ello sin contar a quienes tampoco pueden trabajar a pesar de estar en el sector formal, dada la naturaleza particular de sus distintos empleos. ¿Cómo se confina a más de 130 millones personas distribuidas en las diferentes latitudes de la región? La respuesta sencilla sería otorgándoles una renta básica universal que les permitiera no tener que salir de sus casas, salvo para adquirir bienes de esenciales. Por supuesto, una renta básica universal que tendría que extenderse por varios meses, y que dejaría en graves problemas presupuestarios a los gobiernos nacionales, si no es que se ven obligados a endeudarse masivamente o a crear dinero para financiar ese gasto –dinero inorgánico que sabemos genera inflación y pérdida del poder adquisitivo.

Otra respuesta podría ser emplear la fuerza mediante los órganos de seguridad del Estado, y obligar a la gente a encerrarse en su casa sin tener ningún otro “incentivo” para ello. No obstante, ese aislamiento de millones de personas que no producen ni un centavo estando encerradas puede dar paso, más bien, a un escenario de alta conflictividad social. Y un contexto de tensión como ese ya sabemos que puede devenir en una violenta explosión con saqueos, vandalismo y movilizaciones que ameriten un mayor uso de la fuerza. Como la mayoría de los gobiernos no están dispuestos a asumir ese elevado costo, han optado por la primera solución referida, sin considerar ninguna otra alternativa más que el modelo de confinamiento promovido por la Organización Mundial de la Salud, a partir de su aplicación primigenia en China.

Este modelo no se aplicó en países como Suecia, donde se protegió a los grupos de riesgo y se controló la expansión del virus desde el inicio. Tampoco en Nueva Zelanda, que tuvo más de 100 días sin sumar un nuevo contagio del virus; o incluso en Uruguay, para volver a la región, donde el registro de casos apenas rebasa los 2000 en lo que va de año. Entre tanto, países como Bolivia y Ecuador suman más de 100 mil casos al día de hoy, Chile más de 400 mil, Argentina más de 600 mil, México más de 700 mil, Perú y Colombia casi rebasa los 800 mil, y así sigue la lista.  

Aunque el confinamiento se ha tenido como el remedio más efectivo para frenar el contagio del coronavirus, en América Latina se ha hecho disfuncional porque hay millones de personas que no tienen la disposición de aislarse en sus casas para morir de hambre. La informalidad que reina en las economías latinoamericanas no es más que la consecuencia tras décadas de políticas intervencionistas, regulaciones obstaculizadoras, legislaciones laborales desvirtuadas y poco o nulo fomento a la creación de pequeños negocios y microempresas en general.

Esa parece ser una realidad obviada por los gobiernos de la región, pues nunca se consideró la alternativa de no cerrar la economía, salvo en Uruguay y en Brasil (a pesar de que en este último país se desbordó el número de contagios y de fatídicas muertes). Una opción que pudo ser viable, pero que implicaba mucho gasto –como si la renta básica no– y mucha organización, ha podido ser el testeo masivo a la población, con protocolos especiales para los grupos de riesgo. De esa forma, al tener un mapa más claro, se hubiese podido permitir un desarrollo medianamente normal de la vida cotidiana para quienes no estaban contagiados, con ciertas condiciones de distanciamiento social, uso de tapabocas, desinfección de las manos al entrar a lugares públicos, entre otras. Y a su vez, hubiese ayudado a mitigar la otra terrible consecuencia económica que está dejando la pandemia y su gestión gubernamental: el desempleo de cientos de miles de personas.

Un informe publicado por la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo estimaba hace algunos meses que, con la contracción económica pronosticada para el primer semestre del año, el desempleo aumentaría hasta un 11,5% del total de la fuerza laboral de la región. Ello significaba un aumento de más de 3 puntos porcentuales con respecto a la tasa de 2019 (8,1%), y se traducía en más de 12 millones de empleos perdidos durante los meses de confinamiento, según consta en el informe referido. Y claro está, el desempleo solo puede significar una cosa: el aumento de la pobreza. Las estimaciones que sobre ello arroja el informe perfilan que, como consecuencia de la pandemia, la pobreza se expandiría hasta alcanzar unos 214 millones de personas (más del 34% de la población de América Latina), y que ello podría agravarse al grado extremo en más de 80 millones de personas (un 13% del total de población).

Al menos hasta ahora ese es el panorama, aunque la gran mayoría de los países de la región han concedido ciertas flexibilizaciones en el último mes, entendiendo la necesidad de reactivar sus economías bajo una “nueva normalidad”. No obstante, a la vista de un futuro incierto, cobran sentido las palabras que en mayo escribía el abogado argentino Alejandro Bongiovanni, quien señaló algo perfectamente equiparable a toda la región: que su gobierno (el de Argentina) “nunca levantaría oficialmente la cuarentena”, para así no tener que “hacerse responsable” de las consecuencias que dejaría. De hecho, según su percepción, “la eliminación de la cuarentena será de hecho y no de derecho”, algo que tampoco suena descabellado. En síntesis, todavía queda mucho de pandemia, y al menos hasta que la vacuna pueda ser universal para más de ocho mil millones de personas en todo el mundo no quedará más que coexistir con el virus, siempre con la mayor protección posible.