Con los diálogos de paz en Colombia, a Juan Manuel Santos le sale el tiro por la culata

Casi un año después de llegar a la presidencia de Colombia en agosto de 2010, Juan Manuel Santos inició negociaciones secretas de paz con las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Si hubiera logrado que los terroristas financiados por el narcotráfico dejaran las armas, pagaran por sus crímenes en la cárcel y dejaran la vida delictiva, sería ahora un héroe nacional.

Sin embargo, después de 34 meses de negociaciones, la mayor parte en La Habana, Santos aún no tiene un acuerdo y la seguridad en el país se está deteriorando. Los colombianos están cada vez más insatisfechos con el comandante de las fuerzas armadas y ven aún con mucha cautela su diálogo con delincuentes. Esta combinación podría costarle la reelección.

Para evitar una segunda vuelta, Santos necesitaba más de 50% de los votos en los comicios del 25 de mayo. Santos se quedó corto, con 25,7%, por debajo del ex ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, quien obtuvo 29,3% de los votos. Las últimas encuestas con miras a las elecciones del 15 de junio le dan a Zuluaga la victoria por un margen estrecho, pero sin duda está en su mejor momento.

Hace un año, Santos, en parte liberal en lo económico, en parte un populista clásico, estaba seguro de que seguiría en la Casa de Nariño. Entre 2010 y 2013 el Producto Interno Bruto real se expandió a un promedio anual de 4,7%, y en 2011 la deuda colombiana recibió el grado de inversión otorgado por las tres principales agencias calificadoras.

Si Santos hubiera hecho campaña con sus logros podría haber ganado la primera vuelta. La mayoría de los votantes no ven mucha diferencia entre la política económica del mandatario y la de Zuluaga, ex presidente ejecutivo de una siderúrgica colombiana. En cambio, Santos hizo del diálogo con las FARC el eje de su campaña, lo cual dejó a la vista su flanco más débil.

El actual presidente está en problemas porque la confianza del público en su compromiso con la defensa de la seguridad se ha erosionado gravemente. El mandatario también ha subestimado lo mucho que los colombianos desprecian a las FARC por su crueldad y capacidad de barbarie, así como el grado de desconfianza que les inspira el grupo.

Las negociaciones clandestinas ya llevaban un año, en agosto de 2012, cuando filtraciones obligaron al gobierno a reconocerlas. En una entrevista en septiembre de 2012, Santos me dijo que los rebeldes fueron quienes dieron el primer paso y que era su responsabilidad explorar las posibilidades de paz. En esa entrevista prometió que los diálogos se demorarían meses, no años.

Santos ha roto esa promesa sobre la base de que sus negociadores han avanzado. No obstante, en lugar de ganar apoyo para el proceso, sus argumentos lo han minado: los colombianos tienen razones para creer que su presidente no ha sido sincero.

El gobierno dice que tiene un acuerdo en política rural, pero aún está sin resolver la principal exigencia de las FARC de expandir las "zonas de reserva campesina" fuera de la jurisdicción de la democracia colombiana. El acuerdo sobre la participación política de las FARC no estipula penas por crímenes contra la humanidad. Los rebeldes dicen que no pasarán ni un día en la cárcel, mientras que Santos promete que no habrá impunidad. Se supone que futuras "comisiones" decidirán esto.

Estos perpetradores de innumerables atrocidades quieren llegar a cargos de elección pública, algo que la Constitución prohíbe. En cuanto a la promesa de las FARC de renunciar al tráfico de drogas, que se hizo, por coincidencia, justo antes de la primera vuelta, es difícil no reírse. Ni siquiera han llegado al tema de la desmovilización y compensación de víctimas.

Al asegurar que las dos partes se están acercando cuando no es así, Santos parece desesperado. No está claro el papel que juega la supuesta presión que está ejerciendo el gobierno del presidente Barack Obama para que se llegue a un acuerdo.

Zuluaga inspira más confianza en temas de seguridad en parte porque tiene el respaldo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien persiguió sin tregua a los terroristas y restauró la presencia del Estado en muchas partes del país que habían sido abandonadas por gobiernos previos.

Las estadísticas del Ministerio de Defensa muestran que desde que Uribe dejó la presidencia en 2010, los reportes de extorsión han aumentado 255% y los incidentes de terrorismo han subido 79%. En 2010 se registraron 31 ataques a oleoductos y 39 atentados a torres eléctricas. En 2013, los oleoductos fueron atacados 259 veces y las torres 69 veces. Todo esto mientras los rebeldes estaban hablando de paz.

Los colombianos que viven fuera de las grandes ciudades son los que más sufren por la brutalidad de las FARC y, al igual que Uribe, que viene de una familia ganadera, Zuluaga ha sido víctima. El candidato nació y fue alcalde de Pensilvania, un poblado del departamento de Caldas, en la zona cafetera colombiana. Muchos votantes lo ven como la mejor opción del país para recuperar la ley y el orden de la era Uribe. Zuluaga dice que cualquier diálogo con las FARC tiene que estar supeditado a una cesación de las hostilidades por parte de la guerrilla.

El anuncio durante el fin de semana de que las dos partes habían acordado debatir la posibilidad de una comisión de la verdad no calmará a los escépticos. Es sólo un acuerdo para seguir dialogando y el anuncio se da en un momento muy ingenioso.

Santos ha dado pistas de que le gustaría reducir el tamaño de las fuerzas armadas después de que firme un acuerdo de paz. El presidente enmarca la segunda vuelta como una decisión entre "el fin de la guerra y la guerra sin fin".

Eso es un insulto para los colombianos que saben que la paz a cualquier precio no es una ganga y explica por qué el actual presidente tiene problemas.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 9 de junio de 2014.