Combate a la pobreza
Manuel Suárez-Mier compara la política "progresista" para combatir la pobreza con la política "liberal".
Cuando se escucha el debate sobre la política apropiada para combatir la pobreza que aflige a casi la mitad de los mexicanos, pareciera que una propuesta apoya a los pobres y otra está diseñada para perjudicarlos y para propiciar que la riqueza se concentre en unas cuantas manos.
La primera estrategia, que llamaré “progresista,” incluye las siguientes recetas:
- Proteger el salario mediante la fijación de niveles mínimos que permitan que el trabajador viva con dignidad, y para que alcance mejor el salario, es necesario controlar los precios de los productos finales.
- Ofrecer al trabajador servicios médicos, asistenciales, de vivienda y jubilación proporcionados gratuitamente por el Estado.
- Defender a la industria nacional y a los empleos que genera de la injusta competencia externa cerrando la economía para que los consumidores demanden lo hecho aquí.
- Las industrias básicas y de carácter estratégico deben permanecer en manos del Estado para asegurar la soberanía nacional.
- El gasto público debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de los mexicanos y promover un más rápido crecimiento económico.
- Cuando el gasto público elevado genere desequilibrio externo, hay que adoptar controles de cambios para sellar las fronteras y retener el ahorro.
- Otorgar derechos universales y gratuitos a la salud, educación, vivienda digna, empleo productivo y bien pagado, y al ocio provechoso.
La política económica “liberal”, consistiría de las siguientes propuestas:
- Salarios y precios fijados por la libre interacción de oferta y demanda. Los salarios mínimos y los precios controlados, cuando resultan efectivos, llevan a generar desempleo y escasez. Para subir salarios y bajar precios de bienes y servicios es necesario elevar la productividad de empresas y trabajadores.
- Los servicios asistenciales proporcionados por el gobierno suelen ser de mala calidad y no son gratuitos pues se pagan con impuestos de los ciudadanos. Cuando se cargan a los salarios, se encarece el costo de la mano de obra sin elevar su productividad, lo que redunda en desempleo o en la expansión de la informalidad.
- Cerrar la economía sólo conduce a forzar a los consumidores a comprar productos caros y malos. Los únicos que se benefician de la protección son algunos empresarios. Nunca ganan los trabajadores que seguirán laborando en condiciones abismales por su baja productividad. Al abrir la economía mejora la situación de consumidores y trabajadores, que pueden acceder a enormes mercados globales.
- El gobierno es un pésimo administrador, como es obvio en todos los países e industrias que ha manejado, pues no hay incentivos para hacer bien las cosas.
- El gasto gubernamental no crea riqueza sino que la devora. Los ingresos del gobierno tienen tres posibles fuentes: impuestos, entradas por venta de bienes y servicios, y deuda, lo que le impone límites inviolables a su gasto. De recurrirse al crédito del banco central, invariablemente se genera inflación. Además, el gasto público no puede acelerar el crecimiento de la economía más que en circunstancias muy especiales.
- La única forma de retener el ahorro y atraer más es generando condiciones favorables de estabilidad y utilidades. Los controles burocráticos para regular los fenómenos económicos, siempre son contraproducentes.
- Adoptar derechos sociales por ley no significa que se cumplan y casi nunca pasan de las buenas intenciones, como lo ilustra el caso mexicano.
La clave para el progreso es hacer leyes claras y sencillas que definan con precisión los derechos humanos y de propiedad y que se respeten siempre, lo que generará un más rápido crecimiento económico. ¿Cuál de estos modelos escogerá el próximo gobierno federal que los mexicanos eligieron antier?
Este artículo fue publicado originalmente en Asuntos Capitales (México) el 3 de julio de 2018.