Chile: La reforma revolucionaria de la administración del agua

El Foro Mundial del Agua en Istanbul fue acompañado de protestas, cañones de agua y grandes titulares acerca del poco progreso. Detrás de todo esto, dos millones de personas mueren cada año a causa de agua sucia y una mala sanidad a cargo de entidades del Estado: es hora de considerar seriamente la solución que de verdad funciona.

Hace aproximadamente 30 años la administración de agua en Chile era igual que en gran parte de los países pobres de hoy. Una autoridad central y mal informada controlaba el agua, derivando en abundantes fugas, desperdicio, alcantarillado sin tratamiento y corrupción: los pobres obtenían la peor oferta, al igual que esos miles de millones de pobres que todavía carecen de agua consumible y limpia.

No obstante, hoy Chile se jacta de una oferta casi universal de agua en las ciudades y de 72% en las áreas rurales—una de las tasas de cobertura más altas en América Latina—con un uso cada vez más sustentable del agua por parte de la industria.

Aquel éxito es el resultado de darle el poder a la gente y a los empresarios de poseer y administrar el agua: desafortunadamente, cerca de 95% de toda la administración del agua en el mundo todavía está en manos de autoridades públicas, muchas veces incompetentes o simplemente corruptas.
Hasta 1981 Chile le dio prioridad a algunos usuarios de agua e ignoró al resto. Las autoridades centrales no poseían suficiente información acerca de la disponibilidad o escasez en cualquier área determinada. Razón por la cual el agua era utilizada de manera insostenible y era altamente politizada.

La Ley de Agua de Chile de 1981 cambió todo esto creando los derechos de propiedad sobre el agua, de tal manera que los propietarios puedan comercializar sus derechos de agua independientemente de la tierra asociada con ella. Los derechos de agua son definidos como “de consumo” (30%) cuando el agua es extraída y transportada, o “no de consumo” (70%) cuando el agua es usada pero devuelta a su fuente.

Desde 1981 la evidencia muestra un uso más sustentable del agua. En el norte árido, como la cuenca de Limari, hay un mercado activo tanto para el uso temporal del agua como para los derechos permanentes sobre ella. Los precios fluctúan reflejando la disponibilidad y esto promueve el uso racional. Aquí los agricultores han dejado de enfocarse en el pasto y ahora favorecen cultivos más líquidos tales como las frutas y están adoptando nuevas tecnologías (tales como el servicio de goteo) que le sacan el máximo valor a cada gota de agua. La agricultura ha mejorado la eficiencia del agua en alrededor de 25%, mientras la industria (como la de la pulpa o la minería) ha logrado ganancias similares.

Los derechos de propiedad sobre el agua también causaron una mejor administración en las ciudades. Las empresas de agua y sanidad se convirtieron una de las más grandes compradoras de derechos de agua a lo largo de los ochentas y noventas. Mientras que más personas eran conectadas a la red y la demanda aumentaba, las empresas invirtieron considerablemente en infraestructura y en detener las fugas. Las empresas estatales no habían cobrado el precio real del agua, entonces los usuarios habían estado consumiendo más.

Como resultado, el gobierno de Chile puso las 13 empresas de agua a la venta en 1998: cinco se vendieron en los primeros tres años, sirviendo a más de 75% de los hogares chilenos.

Las empresas privadas mejoraron rápidamente la eficiencia y los servicios, mientras que las empresas públicas empeoraron. Las empresas privadas invirtieron 70% más en 2001 que en 1998 pero las empresas públicas casi 70% menos. Esta inversión, principalmente en infraestructura y alcantarillado, resultó en que las tarifas del agua de las empresas privadas aumentó más que las tarifas de las empresas estatales pero todavía eran en promedio un 40% más bajas. Se espera de las empresas privadas que estas bajen sus precios en el futuro.

Debido a que se pagan tarifas que reflejan el costo real, los consumidores redujeron el uso de agua en un 10% en aproximadamente tres años. Más hogares fueron conectados a la red, llegando a casi 100% de cobertura para agua de consumo y 95% de cobertura para alcantarillado en áreas urbanas. A fines de 2007, más de 82% del alcantarillado era tratado, comparado con solo un 17% hace una década.

Este éxito viene de una estrategia de paso a paso por parte de los políticos.

Primero, el gobierno aumentó las tarifas del agua poco a poco antes de vender las empresas. Segundo, para lidiar con los efectos potencialmente adversos sobre los consumidores más pobres, el gobierno introdujo un subsidio individual al consumo del agua en 1989. El subsidio focalizado en los hogares pobres paga por una cantidad fija de agua (15 metros cúbicos al mes). El hogar debe pagar una porción de la cuenta y por el consumo por encima de la cantidad fija. A diferencia de los subsidios al agua en otros países, el chileno promueve el uso racional y asegura que el hogar (en vez de otros usuarios) se beneficie directamente.

El éxito de la administración del agua en Chile yace en darle poder a los ciudadanos. Los derechos de propiedad sobre el agua significan que pueden tanto defender e intercambiar estos derechos, dentro de un marco jurídico y que se puede hacer cumplir. Al mismo tiempo, los hogares, incluyendo los más pobres, han visto mejoras dramáticas en el servicio mientras que la industria paga precios que reflejan el verdadero costo.

El sistema todavía está evolucionando y todavía tiene problemas, como cualquier gran sistema, pero está mejorando la vida. Los políticos que asistieron al Foro Mundial del Agua podrían ayudar a los pobres si siguieran el ejemplo de Chile en cuanto a administración del agua—e ignoraron a los agitadores.