Capitalismo de las partes involucradas
Manuel Suárez-Mier comenta la nueva misión del Business Roundtable de EE.UU., según la cual se posicionan los empresarios representados por esta asociación como una especie de gestores sociales.
La polémica iniciada por el Business Roundtable (BR) al redefinir el objetivo toral de la empresa como quedar bien con sus trabajadores, clientes, proveedores y la comunidad, en lugar de maximizar utilidades para sus dueños, abrió varios frentes de un debate interesante.
Uno se remonta a la historia del capitalismo de las “partes involucradas” –stakeholders– en las dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial, que sus adalides lo imputan al “patriotismo de la guerra y a un fuerte sentimiento de comunidad en el país, (en el que) las grandes empresas practicaban la política del buen vecino y sus directivos eran vistos como estadistas corporativos.”[1]
La verdad es que las políticas intervencionistas de Franklin D. Roosevelt (1933-45) y la planeación central adoptada durante la guerra para sustentar el esfuerzo bélico, crearon el clima propicio para seguir tales prácticas en tiempos de paz e implantar un sistema más próximo al socialismo que al capitalismo.
Ello explica que el American Enterprise Institute se trasladara de Nueva York a Washington en 1943 para promover la importancia de la propiedad privada en mercados competitivos y libres, bajo un marco jurídico definido por la sociedad e implementado por el Estado, pero sin su intervención directa.
EE.UU. era entonces la única potencia económica sin competencia y sus empresas no tenían rival, lo que les permitió laxitud en abatir costos al prevalecer estructuras de mercado no siempre competitivas. Mientras tanto, la URSS y sus satélites optaron por no competir y recluirse tras su cortina de hierro.
Al recuperarse las economías de Europa y Japón se generó mucha más competencia y se aceleró el avance tecnológico. Ambos fenómenos presionaron a las empresas a enfrentar a sus rivales con mayor innovación para abatir costos y eliminar personal superfluo.
Aún en el ambiente tóxico que se respira hoy, de ataques atroces a la economía de mercado y planes cada vez más insensatos para moverse hacia el socialismo, destacan las preguntas que hacen economistas capaces como Larry Summers al inquirir: ¿quién y con qué autoridad va a supervisar a los empresarios, ahora convertidos en gestores sociales, en su nueva misión?[2]
¿Será el BR quien actúe como juez para decidir si lo están haciendo bien? Dada su nueva obligación con empleados, clientes y comunidad, ¿las empresas tendrán que pedirles permiso para reubicarse y bajar costos? ¿Se prohibiría su traslado fuera de EE.UU. aun sí es la única opción para sobrevivir?
¿Habrá quien supervise y apruebe si las empresas pueden adoptar nuevas tecnologías, que suelen ser al mismo tiempo innovadoras y destructivas, e implican despedir personal?
La respuesta a todas estas preguntas y muchas más de quienes aprueban o rechazan los nuevos mandamientos del BR, es que se requeriría de una instancia rectora y con la autoridad necesaria: quién sino el gobierno en un esquema de control centralizado. ¡Qué paradoja, el BR encuentra la nueva ruta al socialismo!
Este artículo fue publicado originalmente en Asuntos Capitales (México) el 6 de septiembre de 2019.
Referencias:
[1] Peter Corning, Stakeholder Capitalism: An Idea Whose Time Has Come (Again), ISCS, 2018.
[2] Lawrence H. Summers, "If Business Roundtable CEOs are serious about reform, here’s what they should do", The Washington Post, 2 de septiembre de 2019.