Cambios institucionales

A 200 años de la consumación de la independencia, México sigue siendo un país que no ha podido lograr un alto nivel de desarrollo económico, uno que se caracterice por elevados niveles de ingreso por habitante y mayor bienestar para la generalidad de la población. A pesar de ser la decimoquinta economía más grande del mundo, medido por el PIB absoluto, se sitúa en el lugar 78 en el Índice de Desarrollo Humano estimado por las ONU y la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. 

Gran parte de la explicación de por qué no hemos podido ser exitosos en el proceso de desarrollo económico radica en que, históricamente, el marco institucional no ha sido eficiente, es decir no ha provisto los incentivos alineados con el objetivo de introducir a la economía en una senda de crecimiento elevado y sostenido. Más aún, el marco institucional ha sido uno que ha premiado la búsqueda y apropiación de rentas y no uno en donde rija la igualdad de oportunidades, uno excluyente en lugar de uno incluyente. 

Los cambios que se introdujeron al marco institucional a partir de 1986 cuando con la adhesión de México al GATT inició el proceso de apertura de la economía y su integración a la economía global, han buscado mover al país hacia uno en donde los incentivos que se derivan del arreglo institucional estén alineados con el objetivo de alcanzar mayores niveles de desarrollo. Destaco cuatro grandes modificaciones. 

Primero, la consolidación de la apertura comercial con la entrada en vigor en 1994 del TLCAN y otros tratados internacionales de libre comercio y de protección a la inversión. Esta modificación cambió significativamente las reglas del juego y, más que nada, estableció certeza sobre la permanencia de estas mismas reglas. El resultado es que aquellos sectores y aquellas regiones (de Querétaro hacia el norte del país, en notorio contraste con el sur) y que están ligadas al comercio y la inversión internacional han crecido a tasas relativamente elevadas. 

El segundo, a partir de 1994, es la autonomía del Banco de México. Esto le quitó al gobierno la posibilidad de utilizar el impuesto inflacionario para el financiamiento de su déficit, lo que le permitió al propio instituto central el manejo independiente de la política monetaria para buscar alcanzar su objetivo primario de estabilidad en el poder adquisitivo de la moneda. El resultado es que en los últimos años la inflación, medida con el índice de precios subyacente se ha mantenido alrededor del 3% anual; el objetivo a futuro debe ser 2%. Este cambio, además, obligó al gobierno a seguir una política fiscal que dependiera de los ingresos propios y del endeudamiento en condiciones de competencia en los mercados financieros, nacionales e internacionales. 

El tercero, a partir de 1995, es la independencia del Poder Judicial de la Federación lo que le permitió, efectivamente, constituirse como el órgano del Estado que protege a los agentes privados en contra de actos de gobierno que vulneren sus derechos de propiedad. El resultado es una mayor libertad de los individuos y la certeza que estos tienen que cuando estas libertades son vulneradas, existe un órgano que las defenderá. 

Finalmente el cuarto es la creación de diferentes órganos autónomos del Estado cuyo objetivo es ampliar y defender el espectro de libertades individuales, tanto políticas como económicas. En este rubro están el INE, la CNDH, el INAI, el IFT y la Cofece. 

Estos cambios institucionales, cuyos logros sin duda podrían haber sido mayores, están en peligro de ser revertidos; en lugar de mejorar y fortalecer el arreglo institucional para alcanzar una economía más próspera y más equitativa, el presidente está empeñado en destruirlos. De permitirlo, los perdedores seremos nosotros, los mexicanos de hoy y más importante aún, los del futuro.

Este artículo fue publicado originalmente en Asuntos Capitales (México) el 12 de mayo de 2021.