Caída de natalidad y pensiones en España
El último número de la revista U.S. News & World Report contiene un artículo muy interesante sobre el envejecimiento de la población mundial. Este envejecimiento se debe a los grandes avances médicos que están alargando la vida de las personas y a una caída abismal en la tasa de natalidad. Para el Estado del Bienestar, estas tendencias demográficas representan casi una sentencia de muerte, a no ser que se reduzca fundamentalmente. Tomemos como ejemplo el caso de España.
Según la U.S. News & World Report, España tiene la tasa de natalidad más baja del mundo. La mujer española actualmente tiene 1,15 hijos de media. Para que la población se mantuviese al nivel actual (aproximadamente 39 millones de habitantes), tendría que estar teniendo una media de 2,1 hijos. Esto significa que, de seguir esta tendencia demográfica, España va a tener un crecimiento negativo durante los próximos 50 años y que la población de España va a decrecer hasta cerca de los 30 millones de personas (siempre y cuando los niveles de inmigración continúen como ahora).
Otros estudios confirman esta tendencia a la baja. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que la población española va a descender a 37 millones para el año 2030. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por su parte, estima que la población va a descender a 35 millones en los próximos 50 años.
Aunque no es fácil ofrecer causas concretas que expliquen la caída en la tasa de natalidad, el sentido común apunta a ciertos factores culturales y económicos. En el ámbito cultural, cabe destacar la incorporación de la mujer a la fuerza laboral en los últimos 25 años, lo que ha retrasado la edad media a la que se casan las mujeres y, por lo tanto, la edad a la que generalmente empiezan a tener hijos, lo que disminuye su período real de fertilidad. (No pretendo decir que una mujer haya de estar casada para tener hijos; no obstante, la realidad en España es que la mayoría de las mujeres se casan antes de tener hijos.)
En el ámbito económico, el factor más importante es la falta de oportunidades para los jóvenes en España, producto de un mercado laboral rígido y de un Estado del Bienestar muy oneroso. Cuando las perspectivas de trabajo y la posibilidad de obtener una cierta estabilidad económica no son buenas, es lógico que se decida posponer la decisión de crear una familia. No cabe duda que los altos costos laborales en España perjudican a los trabajadores con menos experiencia y cualificaciones, que generalmente son también los trabajadores más jóvenes. El problema es que mientras continúe el sistema público de pensiones en España, la situación para los jóvenes no va a mejorar considerablemente.
En un sistema de pensiones de reparto, el gobierno impone un impuesto al trabajo para pagar las pensiones de los trabajadores ya jubilados. Bajo tal sistema, el nivel de las pensiones es una función de la tasa de crecimiento de la base impositiva, que a su vez depende de la tasa de crecimiento de la fuerza laboral y de la tasa de crecimiento de los salarios reales por trabajador--es decir, de aumentos en la productividad laboral.
Pero las contribuciones de la Seguridad Social son impuestos sobre la mano de obra, no una inversión. Por lo tanto, tienen un efecto negativo sobre el empleo y además distorsionan la asignación de los recursos, lo que a su vez perjudica la productividad. (Al aumentar artificialmente el precio de la mano de obra, los impuestos al trabajo llevan a la substitución de la mano de obra por el capital.)
En España, las cotizaciones a la Seguridad Social son equivalentes al 28,30 por ciento del salario de un trabajador. Supuestamente, el empresario aporta el 83 por ciento de esa cantidad--es decir, un 23,6 del salario del trabajador. La realidad económica es bien distinta. Desde un punto de vista económico, el trabajador probablemente sea responsable de la cotización obrero salarial como de la cotización patronal, ya que la oferta laboral agregada es altamente inelástica. Es más, los empresarios toman en cuenta todos los costos laborales, incluyendo los impuestos sobre la nómina, al emplear al trabajador. Dividir ese impuesto en dos partes simplemente permite la manipulación política de las tasas de contribución y la creación de un sistema poco transparente, pero no cambia la realidad económica.
A medida que la proporción de ancianos en la población total de España aumenta, la relación de trabajadores activos a trabajadores jubilados disminuye, lo que significa que los trabajadores españoles tendrán que pagar cotizaciones aún mayores de las que pagan actualmente para financiar el sistema público de reparto. De hecho, la llamada tasa de dependencia de los mayores, va a aumentar de un 24,4 por ciento en 1998 a un 54,4 por ciento para el 2050. Con una tasa de paro por encima del 18 por ciento (y de casi un 35 por ciento entre los jóvenes), el impacto negativo sobre el empleo de las altas tasas de cotización es más que evidente. Por consiguiente, cualquier medida que aumente todavía más el costo de la mano de obra, como subir las tasa de cotización, es económicamente errónea y políticamente suicida.
Los dirigentes españoles, temiendo las repercusiones políticas de desmantelar un Estado del Bienestar que se está derrumbando por su propio peso, no se han esforzado seriamente en prevenir la crisis que se avecina, ya que las reformas cosméticas que han adoptado mantienen intacta la estructura básica del sistema de reparto. Y, como demuestra el reciente conflicto entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía sobre las pensiones asistenciales, el Pacto de Toledo, que no es más que una reforma cosmética, está empezando a derrumbarse también.
Pasado el examen del euro, la clase política española debería empezar a considerar con seriedad los méritos de un sistema privado de capitalización individual, una reforma que de momento ha descartado generalmente por razones ideológicas. Al privatizar el sistema público de pensiones se podría evitar un conflicto intergeneracional creado por una situación en la cual menos y menos trabajadores son forzados a mantener a más y más jubilados. También se crearía una situación más propicia para que los jóvenes españoles pudieran tomar la decisión de crear una familia, lo que contribuiría a quitar a España de la lista de países en vías de extinción.