Bolivia: Estado de indefensión

Del Estado de Derecho hemos pasado al Estado de Indefensión. Del principio por el cual las autoridades tienen poderes limitados por la ley y los ciudadanos derechos protegidos por el Estado, en los países chavistas, la justicia se ha vuelto un mero trámite y un instrumento de persecución política.

En Bolivia, por ejemplo, la libertad como derecho humano fundamental ha sido devaluada y convertida en un favor de las autoridades. En los casos con motivación política, la detención preventiva se aplica al menor pretexto. El más utilizado es el argumento de que existiría peligro de fuga por deficiencias en los certificados de registro domiciliario. Como estos documentos son emitidos por la Policía Nacional, una vez iniciado un juicio, a cualquier autoridad o dirigente de oposición, se le niega el documento, lo cual le sirve a los fiscales como motivo para su detención.

Una vez producida la privación de libertad, sin que se haya iniciado el juicio, las audiencias de cesación de detención son pospuestas por los jueces sin mayor justificación. En el caso del presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, la primera audiencia fue pospuesta porque la jueza a cargo tenía un seminario. La siguiente fue determinada para diez días después y también fue postergada porque faltó el secretario de la jueza. La tercera ha sido determinada para quince días más tarde por problemas de agenda de la jueza. Obviamente, estos procedimientos vulneran los principios más elementales de protección a un derecho humano fundamental, como es la libertad.

Todo esto sucede gracias a una justicia sometida y atemorizada frente al poder político del Movimiento al Socialismo. Las más altas autoridades judiciales han sido nombradas a dedo por el presidente, con lo cual no tienen la autoridad moral para administrar una justicia con real independencia. Los jueces más honestos, les piden a los procesados que los recusen para evitar cometer una injusticia, aduciendo que de lo contrario ellos serían procesados y terminarían en la cárcel. No es casualidad que naciones como Brasil, Perú y Paraguay hayan otorgado refugio político a más de cien ciudadanos bolivianos.

A pesar de los múltiples tratados internacionales sobre los Derechos Humanos vigentes en Latinoamérica, los mecanismos previstos en los mismos carecen de oportunidad y eficacia para brindar una protección real a los derechos humanos de los perseguidos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido denuncias de bolivianos que se sienten perseguidos desde hace varios años, sin que hasta hoy hayamos recibido por lo menos una visita de verificación in situ. El Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos, a través de su representante en Bolivia, actual mediante un silencio cómplice y complaciente frente a las violaciones de los derechos humanos de los opositores.

Es en esta realidad e indefensión que debemos luchar democráticamente si queremos volver a vivir en una sociedad de personas libres.