Bases para un pacto fiscal

República Dominicana tiene pendiente, desde hace cinco años, un Pacto Fiscal ordenado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. El efecto de las medidas relacionadas con la pandemia de COVID-19, junto con el deterioro acumulado de más de una década consecutiva de déficit fiscales y de distorsiones en el sistema tributario, imponen que ese pacto se haga realidad. Cuanto antes.

La deuda pública consolidada como porcentaje del producto interno bruto fue 54% en 2019, actualmente supera el 69%. La relación gasto de intereses como porcentaje de los ingresos tributarios es superior al 31%. Este último indicador, que ya está siendo usado por calificadoras de riesgo soberano, es una señal de alerta.

En adición, existen indicadores que muestran que el complejo sistema tributario afecta la competitividad. ¿Cuántas horas al año destina un emprendedor dominicano para cumplir con sus obligaciones tributarias? Un total de 317. Esto es 87 más que el promedio de sus pares de Centroamérica, según el informe Doing Business; y 158 más que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras, la tasa de impuesto a las ganancias que efectivamente pagan las empresas es superior al 29%; en Centroamérica el promedio es de 19%; y en los países OCDE es de a penas 14%.

Dos reformas contribuirían a mejorar el panorama actual. El país debería tener una ley de Responsabilidad Fiscal, y realizar una reforma al Código Tributario. Ambas completarían los requerimientos del artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Nadie pudo prever la pandemia de COVID-19. Sin embargo, finanzas públicas más fuertes habrían colocado al país en una mejor posición fiscal para enfrentarla. Una legislación en materia de responsabilidad fiscal, que contenga reglas fiscales sólidas, ayudaría a ordenar y a fortalecer las finanzas públicas de República Dominicana.

La ley sería una señal positiva para los agentes económicos. Esta legislación debería crear un fondo soberano que se usaría para ir reduciendo la deuda pública y para enfrentar eventualidades futuras, como fenómenos de la naturaleza. Para más robustez, podría ser la oportunidad para fortalecer, de forma institucional, la capacidad fiscalizadora del Congreso Nacional. Y para mayor credibilidad, debería incluir su propio régimen de consecuencias ante violaciones a la misma.

Para fortalecer la economía dominicana, es necesario un cambio profundo en el régimen tributario. El sistema actual afecta la competitividad y limita las inversiones al colocarnos en desventaja ante países que tienen legislaciones más simples, junto con climas de negocios más sólidos.

Un régimen tributario complejo y oneroso incentiva la evasión y la elusión; así como las actividades informales. El establecimiento de empresas al margen de las legislaciones vigentes, el empleo informal, el contrabando y las falsificaciones son actividades estimuladas por un sistema como el actual. En consecuencia, el régimen tributario imperante reduce la propia capacidad recaudatoria al disminuir las bases imponibles. Sin embargo, lo más importante es que limita la capacidad productiva del país, y la generación de más y mejores empleos formales.

Una verdadera reforma fiscal integral deberá estar en la agenda pública temprano en el año 2021. La situación que atraviesa la economía ha creado un momento oportuno para introducir reformas que fortalezcan los fundamentos de la economía, y en el área fiscal existen muchas oportunidades para mejorar.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición de diciembre de 2021 de la revista Forbes.