Austeridad y suicidio

En España castigaron a los socialistas en las urnas porque después de años de irresponsabilidad fiscal, enorme deuda pública y desempleo creciente comenzaron a ajustarle el cinturón a la población.

Los electores no respaldan a los políticos que llevan a cabo los temidos ajustes.

Mientras el recorte es un tema abstracto, todo el mundo parece comprender que no es posible gastar más de lo que se produce porque sobreviene la quiebra.

Pero cuando ese razonamiento se transforma en políticas públicas, el afectado culpa al gobierno y le quita apoyo.

Este fenómeno se origina en un problema que tiene difícil solución: el elector no percibe los síntomas del mal gobierno, sino los aparentes beneficios que recibe. El gasto público alegre y continuado es visto como prueba de las preocupaciones de los políticos con la sociedad y no como un manejo torpe de los recursos.

El elector no siente que el político está asignándole un dinero que previamente le extrajo del bolsillo, y todavía le resulta menos alarmante la noticia de que es una deuda que alguien tendrá que pagar algún día.

Precisamente, no hay nada que disfrute más que vivir mejor de lo que sus ingresos reales le permiten y ya se verá por dónde sale el sol.

Al elector no le importa demasiado si el político se apodera de los bienes públicos, recibe coimas y favorece a los amigos.

Detrás de esa indiferencia moral está la falsa sensación de que los fondos desviados no le pertenecen.

Ni siquiera advierte que la corrupción no sólo pudre los cimientos de la democracia, sino, además, encarece todas las transacciones.

Hay dos formas de enfrentarse a este problema.

La primera es la información descarnada. La sociedad debe hacer patente las consecuencias de todo gasto público. No hay dispendio bueno, aunque algunos se beneficien a corto plazo.

La otra manera es generar impedimentos legislativos para el malgasto.

Si los presupuestos se hacen inflexibles, si se ponen límites legales al porcentaje de empleados públicos y los salarios que pueden devengar, y si cada gasto tuviera que ser aprobado por un contralor elegido para impedir los excesos y la prodigalidad, probablemente el elector tendría la tentación de respaldar a los buenos políticos y no a los que más incurren en los míticos gastos sociales.

En nuestro sistema democrático la idea de que existe y se percibe un bien común es una falacia. Lo que existe es intereses particulares, defendidos a dentelladas por los grupos de presión con algún acceso al poder.

Eso es triste, pero es bueno entenderlo.

Artículo de Firmas Press
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