Argentina: Derribando el mito de los sindicatos

Actualmente en Argentina, el principal objetivo de los sindicatos es ganarle a la inflación con nuevos acuerdos salariales. En un un contexto de aceleración inflacionaria, se ajustan las tarifas de los servicios públicos, cae la actividad económica y el consumo, estas demandas ocasionan problemas aún más peligrosos. La historia argentina es testigo de lo nocivo que pueden resultar las pujas distributivas en un contexto inflacionario. Ahora bien, cabe preguntarse cuál es el costo-beneficio de las mal llamadas “conquistas sociales” y si vale la pena asumirlo.

Las negociaciones de las paritarias argentinas —comisiones especiales con la facultad de intervenir en conflictos y modificar los convenios colectivos de trabajo— son un claro ejemplo de que aún no pasó de moda cerrar acuerdos salariales sin conflictos de por medio. Esta tendencia, donde los gremios pretenden fijar acuerdos de salarios por encima de lo previamente pactado (20 a 25%), parece no revertirse. Lo mismo sucede con el uso de la fuerza —como común denominador— cuando un acuerdo resulta difícil. Un caso típico se presenta cada año en las paritarias docentes, donde los estudiantes son rehenes del agotador proceso de negociación salarial que precede a cada inicio del año lectivo. Desde hace años no se respeta el calendario escolar como consecuencia de los paros docentes, perjudicando de esta forma la educación. Esto indica que es un error pensar que los intereses de estos gremios son los mismos que los de los estudiantes.
Cuando las demandas obreras se disparan por la inflación, es inevitable entrar en un círculo vicioso que implica costos altísimos.

Repasando la historia, la vuelta de Juan Domingo Perón en su tercer mandato estuvo alentada por las expectativas de los trabajadores de recuperar los beneficios y el poder acaecidos durante las décadas de 1940 y de 1950. Cabe destacar que el peronismo gobernó con cuatro presidentes (Cámpora, 1973; Lastiri, 1973; Perón 1973-1974; e Isabel Perón 1974-1976). Por esos años (década de 1970) la economía había transitado por alta inflación, generando una indexación difícil de erradicar, y dando lugar a una “puja” distributiva entre sectores (sindicatos y patrones, entre exportadores y productores de sustitutos de importaciones) que alimentaba el proceso inflacionario.

El “Pacto Social”, firmado bajo el gobierno de Héctor José Cámpora fue el instrumento central de esta política: en él se determinó una configuración de precios y salarios (con la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica) que se mantendría en el tiempo. El objetivo era alcanzar la “paz social”, aunque muy lejos estuvo de eso. La represión y los conflictos se mantuvieron y a fin de cuentas el pacto no se respetó. Continuaron creciendo las demandas por aumentos salariales, reincorporación de trabajadores y activistas despedidos, entre otros demandas. Fue este sindicalismo de Perón, que no respetó lo acordado y persistió reclamando por aumentos salariales, lo que colmó la paciencia del general. Con su fallecimiento en julio de 1974 y la asunción de Isabel Perón se agudizaron los reclamos y las huelgas, el gobierno recrudeció la represión, mientras que la paz social y la “distribución de la riqueza” se vieron opacadas por el “Rodrigazo” (el Ministro de Economía argentino Celestino Rodrigo dispuso un ajuste que duplicó los precios y provocó una crisis en el gobierno de Isabel Perón).

Las medidas aplicadas por el Rodrigazo dispararon nuevamente la inflación y la Confederación General del Trabajo (CGT), ante el escenario de desborde y fuerte movilización de los trabajadores, generó el primer paro contra un gobierno peronista. Este desorden económico y político, protagonizado principalmente por los sindicatos y la puja distributiva no terminó de la mejor manera.

Es una falacia creer que a través de las “conquistas sociales”, los trabajadores serán más ricos por decreto. No obstante, detrás de esta bandera de lucha por la “protección de los trabajadores” se puede encubrir un gigante que mientras más alimentado esté, más peligroso puede resultar para una república. Darles poder, pretender establecer un límite y controlarlo es lo que intentó hacer Perón. El cóctel de controles, restricciones y mal manejo de políticas públicas puede derivar en un caos social, político y económico. Quedó en evidencia que los sindicatos aprenden a sortear las dificultades, a sobrevivir e instalarse en los diversos campos de acción política.

El escenario actual argentino no luce muy diferente. Contrariamente a lo que sucedió en épocas anteriores, se espera que todo este desborde —de pasivos ocultos heredados del gobierno anterior— no incapacite al Estado para mantener a la economía por la senda del crecimiento, priorizando el interés de todos los ciudadanos, y no sólo el de unos pocos.Por consiguiente, es fundamental que en Argentina la nueva administración proteja las instituciones que garanticen los mercados libres, el cumplimiento de los contratos y la protección de la propiedad privada. La historia argentina ya advirtió sobre aquellos que llevaron al país a la degradación de sus instituciones republicanas.