Argentina: Cómo los políticos la destruyeron

A ningún viajero en Buenos Aires deja de impresionarle la arquitectura de antiguos edificios y sus amplias avenidas que recuerdan las capitales más bellas de Europa. Por el contrario, en las primeras décadas del siglo XX, Ciudad de México, Caracas, Lima, Bogotá, etc. eran pueblos grandes, sin más atractivos que las iglesias y las mansiones coloniales.

La inmensa riqueza agrícola y ganadera argentina, la cual hasta la Segunda Guerra alimentaba a medio mundo, despertó la codicia de sus políticos, quienes desde los años 30 se han dedicado casi exclusivamente a redistribuir la riqueza nacional, canalizando hacia sus propios bolsillos una creciente porción del botín.

La triste historia de la Argentina moderna, la causa de la diáspora que nos permite encontrar porteños en todos los rincones del mundo -cuando antes eran los españoles, italianos e ingleses quienes emigraban a la Argentina-, ha sido el total irrespeto de sus políticos por la propiedad privada. El súmmun de tal irrespeto es lo que hoy sucede, cuando a la gente pobre y de clase media se le niega el acceso a sus ahorros, viéndose ellos obligados a regresar al trueque para poder alimentarse. Es realmente sorprendente que tal atraco no provoca un indignado rechazo mundial, pero es que hoy se cree que los gobiernos pueden hacer lo que quieran con la propiedad del ciudadano, como si el dinero, la casa, la finca de Pedro y Juan fuesen tanto menos importantes que el alimento de las ballenas o la supervivencia de las lechuzas.

No menciono a los argentinos ricos porque si siguen siendo ricos hoy es que han tenido la precaución de desconfiar en los políticos y mantienen buena parte de sus fortunas más allá del alcance de estos, en inversiones y cuentas bancarias en Nueva York, Londres y Suiza. Pero mientras más pobre es la gente, mayor proporción de sus activos está concentrada en el último salario recibido y en la cuentita de ahorros. Esos son los más golpeados por la horrible corrupción y criminal incapacidad de los gobernantes argentinos.

Los socialistas aprendieron bien la técnica de la desinformación, perfeccionada por sus viejos maestros de la Unión Soviética. Leyendo los reportajes de France Presse y de EFE (dos servicios de prensa de propiedad estatal), como también al New York Times, uno pronto queda convencido que el principal culpable de la tragedia argentina es la llamada caja de conversión o ley de convertibilidad, que a lo largo de una década aseguró un cambio de 1 X 1 con el dólar e impedía que el gobierno imprimiera más pesos que los dólares que ingresaban a las reservas del Banco Central.

La caja de conversión argentina no era perfecta; su falla principal es que el Congreso podía eliminarla cuando le viniera en gana, como en efecto lo hizo. La lección es que cualquier moneda nacional que esté sujeta a decisiones políticas es tan confiable como confiables son los políticos de turno. Ya pocos parecen recordar que la inflación en Argentina en 1989 alcanzó 4,923%. La situación de entonces era tan caótica como la actual: la gente cobraba su sueldo y salía corriendo a gastarlo para no perder poder adquisitivo. La ley de convertibilidad no fue otra cosa que la admisión por parte de los políticos que el pueblo rechazaba la moneda nacional y prefería el dólar.

Domingo Cavallo declaró, según el Wall Street Journal del 13 de enero de 1995, que "cada peso es un contrato entre el gobierno y el tenedor del peso. Ese contrato garantiza que cada peso -unidad de valor por el cual el tenedor ha trabajado arduamente- valdrá tanto mañana como hoy. Si el gobierno incumple ese contrato, estaría quebrantando la ley. El único papel del gobierno en la economía debe ser garantizar la integridad de las transacciones en el mercado". Pero de eso no se recordó ni Cavallo mismo.

Una moneda sana es sólo uno de varios requisitos para la prosperidad ciudadana. Lamentablemente, la dureza misma del peso le permitió al gobierno argentino endeudarse en 140 mil millones de dólares, una vez que había dilapidado el dinero proveniente de las privatizaciones, las cuales en gran parte se hicieron para favorecer a grandes grupos económicos cercanos al gobierno. El FMI sí corre con la responsabilidad de haberle suministrado licor al borracho que conducía a la nación argentina, empeorando la situación al exigir que a cambio de esos millones adicionales se aumentaran los impuestos al punto que cayeron dramáticamente los ingresos fiscales y se produjo la cesación de pagos.

La tragedia argentina es el resultado de la flagrante violación de los derechos de propiedad de los ciudadanos por parte de políticos demagogos, ineptos y corruptos, apoyados por la burocracia internacional.