Amy Coney Barrett muestra una diferencia importante entre los dos partidos

Ninguna verdadera noticia salió de los tres días de audiencia para confirmar a Amy Coney Barrett como miembro de la Corte Suprema. Como se esperaba, los Demócratas se enfocaron en Obamacare y el aborto, y un poco en el derecho a portar armas y a votar. También como se esperaba, la nominada se negó a discutir cualquier potencial caso pendiente, o cualquier asunto legal sobre el cual ella no había opinado anteriormente en escritos académicos o judiciales. 

Los republicanos, por su parte, permitieron que Barrett mostrara su intelecto y facilidad de palabra al explicar qué tan frecuentemente los términos como “originalismo” (interpretar las provisiones constitucionales según su significado público original), y el principio de stare decisis (permitir que los precedentes erróneos se mantengan porque corregirlos provocaría más daño social que permitir que el error persista). 

En general, el voto de ningún senador cambió. Sin embargo, el público, que según la encuesta de CNN la semana pasada estaba dividida en torno a la nominación de Barrett, si tuvo la oportunidad de simpatizar más con la juez, quien mostró gracia y compostura bajo presión. Les guste o no, ella será confirmada antes de la elección, salvo un evento sumamente improbable, como una propagación masiva del COVID-19 que evite que el Senado se reúna o salvo que se presenten alegaciones posteriores a las audiencias de confirmación similares a aquellas de Kavanaugh. 

¿Significa esto que las audiencias no tienen sentido y son un proceso kabuki que desperdicia el tiempo de todos? En otros lugares he escrito que alguna vez sirvieron un propósito pero que en el mejor de los casos se han convertido en lugares comunes y juegos de “atrapadas”. No repetiré esos argumentos aquí, más que para señalar que podría haber servido mejor a los Demócratas hacer un paralelo de la maniobra de Merrick Garland de hace cuatro años atrás al abstenerse de atacar las opiniones de Barrett mientras que se realizaba un argumento para los electores en torno al proceso. 

Por supuesto, no hicieron eso, así que hemos presenciado lo que la entonces profesora Elena Kagan denominó “una farsa insulsa y vacía”.

Pero incluso si no aprendiésemos nada esta semana, hubo algo refrescante en la claridad en cuanto a las contratantes filosofías judiciales de ambos partidos. Con esto no me refiero a si Roe vs. Wade estuvo correctamente decidido o a la envergadura de la Segunda Enmienda, sino a la diferencia entre el derecho y las políticas públicas. Considere dos ejemplos opuestos de la sesión del miércoles: (1) el senador Republicano de Texas, Ted Cruz, discutió cómo favorece las opciones educativas —llamándolas “una cuestión de derechos civiles para el próximo siglo”— pero que no le corresponde a un juez federal imponerlas, mientras que (2) la senadora Demócrata de Hawaii, Mazie Hinoro, consideró la distinción entre el derecho y las políticas públicas algo “artificial” argumentando que la Ley de Cuidados Médicos Asequibles debe ser constitucional porque tantas personas dependen de esa ley. De hecho, cada uno de los senadores demócratas habían agigantado imágenes de constituyentes que serían perjudicados si Obamacare desapareciera. 

Ahora bien, los argumentos emocionales están bien si es que está tratando de convencer a un electorado —como lo hizo la senadora de California Kamala Harris, utilizando gran parte de su tiempo para tratar todo desde la atención médica hasta el cambio climático porque ella es la nominada a la vicepresidencia por el Partido Demócrata.

Pero los jueces se supone que deben hacer algo más: se supone que deben aplicar la ley, la cual algunas veces conduce a resultados impopulares. El poder judicial no es un medio hacia un fin, sino un mecanismo para hacer respetar las restricciones contenidas en un documento fundamental que tiene la intención tanto de controlar los excesos de la democracia como de fortalecer su ejercicio. En un país gobernado por el derecho, la respuesta adecuada a una decisión legal impopular es cambiar la ley o enmendar la Constitución. Cualquier otro método conduce a una especie de abdicación judicial y a la pérdida de esos mismos derechos y libertades que solo pueden ser reivindicados mediante el proceso judicial. 

No obstante, dada la expansión del poder federal, y luego el traslado de ese poder lejos de los representantes legislativos del pueblo hacia las agencias administrativas del poder ejecutivo, el poder judicial afecta la política pública mucho más que nunca antes. Las decisiones en las cortes cada vez más dependen de la afiliación partidista del presidente que nominó a los jueces que las están tomando. 

Habiendo adoptado los dos partidos filosofías judiciales incompatibles, es imposible encontrar un nominado a la corte que no sea controversial. Eso es todavía más cierto cuando la filosofía de un nominado representa un gran cambio frente a aquella de un juez anterior. Como el senador Demócrata de Delaware Chris Coons resaltó, los jueces Antonin Scalia y Ruth Bader Ginsburg muchas veces estaban en lados opuestos de casos reñidos. Reemplazar a Ginsburg con la otrora asistente legal de Scalia, Barrett, implicaría un cambio más importante que reemplazar al moderado Anthony Kennedy con su otrora asistente legal Brett Kavanaugh. 

Esas diferencias jurisprudenciales y su alineamiento con partidos ideológicamente distintos, son un fenómeno relativamente nuevo; en la historia general de EE.UU., las cosas no siempre se alinearon de una manera tan clara. Sin embargo, las audiencias de Barrett mostraron que los partidos si tienen distintas concepciones del derecho —y que los Demócratas no ven las cuestiones legales como algo divorciado de las cuestiones políticas.

Este artículo fue publicado originalmente en CNN.com (EE.UU.) el 15 de octubre de 2020.