Acabemos con el poder estatal de requerir prescripciones

Jeffrey A. Singer considera que los requisitos de prescripción impuestos por el estado violan el derecho de los individuos a tener acceso a las medicinas que desean y la evidencia sugiere que también hace que los pacientes tengan menos seguridad en el consumo de medicinas.

Por Jeffrey A. Singer

Los requisitos de prescripción impuestos por el estado violan el derecho de los individuos de tener acceso a las medicinas que desean. La evidencia sugiere que también hace que los pacientes tengan menos seguridad, no más. 

No hace mucho, los adultos competentes no debían pasar tiempo y gastar dinero obteniendo un permiso requerido por el estado, esto es, una prescripción para tomar una medicina. La mayoría de las personas consultaban a expertos como médicos o farmacólogos antes de tomar una medicina desconocida. Algunos fabricantes de medicinas, en busca de una mayor seguridad, una mejor reputación, y preocupaciones acerca de confiabilidad, requirieron que los doctores den prescripciones para algunos de sus productos. Luego vino el “incidente del elixir de sulfanilamida de 1937”. La sulfanilamida fue el primer antibiótico seguro y eficaz que se usó de manera sistemática. La empresa S.E. Massengill desarrolló una fórmula “elixir” para que sea más fácil que los niños y otros puedan ingerirla. Desafortunadamente, esta solución contenía dietilenglicol, un “primo” de glicol de etileno o anti-congelante —un veneno. Como resultado de esto, 105 personas murieron envenenadas del elixir de sulfanilamida, 34 de ellas eran niños. Massengill quebró y el químico que creó la fórmula se suicidó. El incidente llevó al Congreso a aprobar la Ley de Alimentos, Medicinas y Cosméticos de 1938

Como Michael F. Cannon y yo discutimos en un nuevo estudio, “La reforma a las medicinas: Acaben con el poder estatal de requerir prescripciones”, los autores de la Ley de Alimentos, Medicinas y Cosméticos enfatizaron que ellos respetaban el derecho de los individuos a auto-medicarse, buscando solo hacer que la auto-medicación sea más segura. La nueva ley requería que los fabricantes de medicinas convenzan a la Administración de Alimentos y Farmacéuticos (FDA) de que las nuevas medicinas eran seguras antes de ser llevadas al mercado. Esta obligaba a los fabricantes a proveer instrucciones detalladas en sus etiquetas que sean comprensibles para personas con una educación básica. El requisito de etiquetado era dispensado si el fabricante de medicinas requería la prescripción por parte de un médico antes de que pudiese ser vendida al público. 

El respeto a la autonomía de los pacientes acabó totalmente con la aprobación de la Enmienda Durham-Humphrey a la Ley de Alimentos, Medicinas y Cosméticos en 1951. Esta enmienda autorizaba a la FDA desde ese momento a clasificar las drogas como aquellas que solo se podían vender bajo prescripción y aquellas que se podían vender sin prescripción (“over the counter”, OTC). Esta prohibió vender una medicina de prescripción a menos que el consumidor presente una prescripción de un médico en ejercicio licenciado por el estado. 

La Enmienda Durham-Humphrey falta el respeto a la autonomía del paciente y al derecho a auto-medicarse. Aumenta el costo de obtener medicamentos requiriendo visitas a los consultorios de los doctores y farmacias y podría contribuir a los precios más altos de las medicinas. También hace que los pacientes sean menos seguros. 

La evidencia muestra que los pacientes suelen confiar en las prescripciones de profesionales expertos, y no realizan la debida diligencia que hacen cuando están comprando medicinas OTC por su propia cuenta. Como un cirujano practicante, muchas veces veo a pacientes que no pueden decirme los nombres de las medicinas de rutina que sus doctores les prescriben —o las razones por las que las están tomando. 

Por ejemplo, en un estudio de 2006 de las mujeres en Seattle descubrió que eran más conservadoras que los especializados en ginecología cuando ellas mismo supervisaban el uso de contraceptivos orales. Aún así el 95 por ciento de las víctimas de la tragedia con la sulfanilamida tomaron la medicina bajo la prescripción y supervisión de sus doctores. Muchos doctores prescribieron la medicina para tratar condiciones inadecuadas. Los médicos licenciados por el estado prescribieron talidomida a 624 mujeres embarazadas, sin informarles que la droga era experimental. Los resultantes terribles defectos de nacimiento provocaron un escándalo internacional en 1962.

El economista Sam Peltzman encontró que hacer cumplir la regulación de las prescripciones aumentaba el consumo per cápita de estas medicinas, las cuales suelen ser más potentes que las medicinas OTC, y sugirieron que hay un riesgo moral en desplazar el consumo hacia medicinas más riesgosas. Peltzman también encontró que las muertes por envenenamientos accidentales o suicidas aumentaron en un 50 a un 100 por ciento cuando la FDA empezó a imponer los requisitos de prescripción. 

Cuando el estado controla qué medicinas deben ser vendidas solo con prescripción, el cabildeo por parte de los intereses especiales perjudica la política pública. Schering-Plough, fabricantes del antihistamínico que no hace dormir Claritin, que fue aprobada como una medicina bajo prescripción en 1993, cabildearon exitosamente para que sea vendida libre de prescripción en Europa durante varios años, mientras que al mismo tiempo esgrimieron los argumentos contrarios ante la FDA. No fue hasta que expiró la patente de la medicina en el 2002 que la empresa cambió su posición, después de lo cual la FDA permitió que los estadounidenses la compren sin prescripción. Hasta ese entonces, los pacientes solo tenían acceso libre de prescripción a antihistamínicos que hacían dormir y eran mucho más peligrosos. 

Como explicamos en nuestro estudio, las medicinas bajo prescripción suelen acarrear mayores ganancias porque los fabricantes de las medicinas pueden cobrar precios más altos a las terceras partes que compran las medicinas. Ilustramos cómo los precios de las medicinas usualmente caen luego de que estas son re-clasificadas como OTC y se vuelven sujetas a comparaciones al momento de la compra y a un escrutinio más cercano por parte de los consumidores. Esto ayuda a explicar por qué los fabricantes del antídoto naloxona contra la sobredosis de opioides son reacios a pedirle a la FDA que acabe con sus status de medicina bajo prescripción, a pesar de que la agencia prácticamente les ha rogado que lo hagan. La medicina se vende libre de prescripción en Australia, Italia, Francia y Canadá.

Las consideraciones políticas también juegan un papel. Por eso pasaron doce años y se necesitó de una orden judicial para que el contraceptivo de emergencia Plan B se volviese disponible libre de prescripción sin restricciones de edad. Esto también tiene algo que ver con la razón por la que los contraceptivos orales requieren de una prescripción en EE.UU. mientras que se venden sin prescripción en más de 100 países.  

Una vez que se acabe el poder del estado de requerir prescripciones todavía veríamos a los fabricantes requiriendo prescripciones para una gran mayoría de los farmacéuticos complejos de hoy. Podrían requerir que otras medicinas sean vendidas solamente a las personas que son chequeadas por los farmacólogos. Pero la competencia y la eficiencia del mercado significa que más medicinas se volverán disponibles para venta libre de prescripción más rápido. Esto presagia mejores opciones y precios para los consumidores —y respeta la autonomía del paciente.

Este artículo fue publicado originalmente en Real Clear Policy (EE.UU.) el 29 de octubre de 2020.