Abaratando la informalidad

El Inegi publicó la semana pasada dos piezas de información relevantes para entender uno de los elementos que determinan el relativamente bajo crecimiento de la economía. El primero de ellos es el valor agregado bruto real (VAB) del sector informal (definidas como unidades económicas no agropecuarias que operan sin registros contables ni están registradas ante el IMSS y el SAT) correspondiente al tercer trimestre de 2023 y el segundo la Encuesta de Ocupación y Empleo correspondiente al mes de enero de este año. Las cifras ahí presentadas adquieren relevancia ante propuestas de política económica que no son neutrales sobre el empleo formal y el informal y que, de adoptarse, encarecerían el primero además de modificar los incentivos relativos a las decisiones personales de cómo distribuir el tiempo entre trabajo y ocio. Vayamos a la primera pieza de información. De acuerdo al Inegi, en el tercer trimestre de 2023, el valor agregado bruto real (a precios de 2018) en el sector informal de la economía ascendió a 5.662,9 miles de millones de pesos, lo que representó el 24,5% del valor agregado bruto total de la economía (el VAB más impuestos indirectos es igual al PIB). Se informó que en el mismo periodo estuvieron empleados en el sector informal 16,3 millones de trabajadores remunerados, que representan el 40% del total de trabajadores remunerados en la economía.

Que el 40% de los trabajadores remunerados produzcan únicamente el 24,5% del valor agregado bruto total implica una productividad media notoriamente baja del trabajo empleado en el sector informal y se constituye como una de las causas que explican el bajo crecimiento de la economía en su conjunto, así como la alta incidencia de pobreza laboral en muchos estados del país (por ejemplo, en 2023, como porcentaje de la población total, la pobreza laboral en Chiapas fue de 63,9%, en Guerrero 62,1% y en Oaxaca el 58,7 por ciento). Más aún, entre el tercer trimestre de 2018 y el tercer trimestre de 2023, mientras que el PIB total creció en apenas 4.2%, el valor agregado de la economía informal lo hizo en 10,2 por ciento. El Inegi también dio a conocer la semana pasada la Encuesta de Ocupación y Empleo correspondiente a enero de 2024. Por el tema que nos ocupa en este artículo, destaco que de un total de 58,9 millones de personas ocupadas (97,1% de la PEA), 16,3 millones estaban empleados en el sector informal de la economía es decir el 27,6% y un incremento respecto a enero de 2023 de 743.000 individuos, lo que representa que el 47,9% del aumento total en la población ocupada se empleó en empresas informales, las cuales tienen una muy baja productividad, pues son tecnológicamente obsoletas y sin economías a escala en la producción.

Las cifras anteriores indican que existe un problema estructural en la economía que encarece el trabajo formal relativo al informal. Como he señalado en otros artículos, tal cómo está diseñado el sistema de seguridad social al cual tienen acceso los trabajadores contratados en el sector formal de la economía (IMSS, Infonavit y SAR) representan un impuesto implícito a la formalidad ya que estos pagos incrementan el costo laboral en casi 30% del salario base de cotización de los trabajadores. A ello hay que agregar otros tres pagos que las empresas formales les hacen a sus empleados: primero, el 10% de las utilidades brutas que constituyen la base gravable del ISR de las empresas se reparten entre los trabajadores, segundo, 15 días de salario como pago de aguinaldo y tercero la prima vacacional. A todo esto hay que sumarle los costos regulatorios a los que se enfrentan las empresas tales como licencias, permisos, declaraciones ante las autoridades y un largo etcétera (que puede incluir extorsión burocrática y delincuencial, la cual ha venido aumentando). Visto así, ser empleador formal es casi una hazaña heroica, lo que también explica la alta incidencia de informalidad.

En estas estamos cuando a los políticos (que seguramente nunca han sido empleadores formales) se les ocurren reformas legislativas que encarecerían todavía más el empleo formal e incentivarían la informalidad. De entrada, ya legislaron un aumento en los días de vacaciones pagadas por las empresas a los cuales los trabajadores tienen derecho, lo que implica que las empresas tienen dos opciones: dividir el trabajo entre el resto con una disminución en la productividad o contratar trabajadores temporales con un aumento en los costos laborales. Ahora se está por aprobar un incremento de 15 a 30 días en el aguinaldo con lo cual aumentarían todavía más estos costos. Poco a poco, los costos de ser empleador formal han seguido aumentando y lo quieren hacer todavía más caro, lo que hace que estar en la informalidad sea relativamente más barato. Otra propuesta que comenté en el artículo de la semana pasada es la pésima idea de indizar el salario a la inflación; esto no sólo le pondría un piso a la inflación sino que además generaría presiones inflacionarias crecientes y desempleo formal, individuos que probablemente buscarían emplearse informalmente.

Una propuesta más, en este caso de la candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez, es otorgar la pensión para adultos mayores a partir de los 60 años de edad. Además de que fiscalmente es inviable, en el margen cambia los incentivos respecto de la asignación del tiempo, encareciendo relativamente el trabajo y simultáneamente abaratando el ocio. La economía mexicana, con la muy elevada incidencia de informalidad, ya enfrenta un problema estructural que inhibe el crecimiento. Seguir encareciendo la operación de las empresas y el empleo formal sólo agravaría el problema.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 4 de marzo de 2024.