¿Son los empleados públicos menos productivos?

¿Cuál grupo aporta más? Aún siendo un firme creyente en gobiernos pequeños y limitados, pienso que los trabajadores más productivos son los maestros de las escuelas elementales, quienes enseñan a los niños aritmética y a leer. Otros son los jueces sabios y honestos.

Es difícil lograr una sociedad civil productiva sin aquellos que dan el entrenamiento básico a la gente y los que hacen cumplir los contratos y que se respeten los derechos de propiedad.

Pero también es verdad que muchos de los menos productivos—incluyendo a los que podemos llamar contraproducentes—son también empleados públicos. Ejemplos son los funcionarios de inmigración de Estados Unidos (INS) que permitieron la entrada de los terroristas del 11 de septiembre. Aunque su ineficiencia causó la muerte de miles de personas, ninguno fue despedido.

Otros que le hacen gran daño a la sociedad son los funcionarios del Impuesto sobre la Renta que dictan regulaciones que espantan la inversión extranjera y redactan regulaciones incomprensibles que cuestan millones de horas-hombre descifrarlas. Tales acciones cuestan miles de millones de dólares a la economía, volviéndonos a todos un poco más pobres.

Por décadas, los funcionarios del Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano estadounidense administraron tan mal los programas de construcción de viviendas para la gente pobre que terminaron creando tugurios, en lugar de eliminarlos, causando el deterioro de ciudades y del estándar de vida.

Pero no son sólo los empleados federales quienes hacen daño económico, también los funcionarios estatales y municipales. Por ejemplo, las escuelas y las universidades son extraordinariamente ineficientes. Los burócratas se oponen a utilizar nuevas tecnologías que aumentarían inmensamente la productividad en el aprendizaje. Como ex profesor universitario sé cómo se protege a los incompetentes y cómo ello afecta a los estudiantes. Para dar un solo ejemplo: meten grandes cantidades de estudiantes en un auditorio, donde un profesor que casi ni alcanzan a ver dicta una conferencia. ¿No sería mucho mejor para los estudiantes de economía recibir tales conferencias por video de destacados profesores como Milton Friedman o Walter Williams?

Millones en lugar de cientos de estudiantes se beneficiarían de su extraordinaria lucidez, en lugar de escuchar las sandeces de muchos incompetentes que pretenden enseñar economía. Es cierto que eso reduciría el empleo de profesores de economía, pero un mayor número de estudiantes aprendería mucho más, lo cual nos beneficiaría a todos. Hay infinidad de ejemplos parecidos.

En el sector privado también conseguimos incompetencia y corrupción, como vimos en los recientes escándalos empresariales. La diferencia es que en el sector privado quienes no rinden pierden su puesto. Eso se aplica tanto al presidente como al obrero. Las empresas que no eliminan la incompetencia pronto desaparecen.

El Estado, por el contrario, no goza de un auto-correctivo similar. Las regulaciones y los sindicatos de empleados públicos impiden el despido de funcionarios incompetentes. En Estados Unidos durante el año 2001, apenas 431 empleados civiles del gobierno federal, de un total de aproximadamente 3 millones, fueron despedidos. Eso significa una tasa de despido de 0,02% o sea 1 por cada 5.000.

La imposibilidad de despedir a los malos trabajadores gubernamentales debilita el rendimiento de los buenos y disminuye el respeto de la gente hacia la burocracia en general. Como los supervisores en los ministerios y oficinas públicas no pueden premiar ni castigar el rendimiento de su gente, la productividad del sector público es muy inferior a la del sector privado.

La solución es comprender que la mayoría de las funciones del Estado no tiene que ser llevadas a cabo por empleados públicos, sino que pueden ser subcontratadas a empresas privadas que compiten en precio y eficiencia. La expansión del programa de bonos educativos (donde los padres reciben un bono del gobierno con el que pagan al colegio que eligen para sus hijos) permitiría premiar a los buenos maestros y salir de los malos. La simplificación del reglamento del impuesto permitiría a decenas de miles de burócratas de la Oficina del Impuesto conseguir un empleo útil y productivo en el sector privado, en lugar de seguir siendo una carga para la economía. Prácticamente toda área estatal puede ser simplificada y subcontratada a firmas privadas. El problema no es el burócrata gubernamental, sino el sistema donde éste vegeta y se reproduce.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.