Por qué la reforma educativa en Chile no va a dar los resultados proclamados
Hana Fischer dice que "Para comprender los móviles detrás del accionar de los individuos, o sea, cómo funciona el mundo real, nada mejor que acercarnos a la Teoría de Public Choice. Una muestra de la visión de estos pensadores, es la definición que James Buchanan brinda de esta corriente de pensamiento: 'la política observada sin romanticismo'".
Por Hana Fischer
El gobierno de Michelle Bachelet está enfrascado en una serie de reformas del sistema educativo. El objetivo proclamado tiene dos vertientes: Por un lado, que el Estado brinde una instrucción de “calidad” para todos los habitantes. Y por el otro, poner fin al lucro en esta área de actividad, terminar con la “discriminación” que hacen algunos institutos al seleccionar a los alumnos que estudiarán en sus centros y establecer paulatinamente la gratuidad en todos los niveles de enseñanza.
La mandataria explicó que la intención es terminar con el lucro en todos los establecimientos escolares subvencionados. Es decir, de aquellos en los cuales los padres cuentan con el apoyo de dineros públicos para poder mandar a sus hijos a los colegios de su preferencia, ya sean municipales o privados. Bachelet señaló que el plan es obligar a los administradores de esos institutos, a que reinviertan los recursos brindados por el Estado en mejorar la calidad de la educación y no en provecho propio.
Con voz enfática —como quien porta los estandartes morales más elevados— Bachelet declaró: “No es justo que los recursos de todos los chilenos, en lugar de enriquecer nuestra enseñanza, enriquezcan a un particular. Porque la provisión de educación tiene una dimensión pública que no puede ser tratada con lógicas de mercado y porque queremos que en todos aquellos establecimientos que reciban fondos públicos, la razón para llevar adelante un proyecto educativo no sea la búsqueda del lucro, sino la pasión y la vocación genuina de educar a sus estudiantes”.
Sus palabras nos sirven de marco para demostrar, que no sólo los administradores de los locales escolares subvencionados o las autoridades de las universidades privadas se mueven de acuerdo a las “lógicas de mercado”, sino toda persona racional. En consecuencia, también ella; así como todos los que se han estado movilizando durante estos años a favor de terminar con el lucro en la enseñanza, y exigiendo volver al estatismo y a la reinstauración de la “gratuidad” en la educación.
Para comprender los móviles detrás del accionar de los individuos, o sea, cómo funciona el mundo real, nada mejor que acercarnos a la Teoría de Public Choice. Una muestra de la visión de estos pensadores, es la definición que James Buchanan brinda de esta corriente de pensamiento: “la política observada sin romanticismo”.
La tesis principal de sus propulsores, es que no hay mayor diferencia entre la forma en que la gente toma decisiones personales en los mercados, que el modo en que se comporta al hacer opciones políticas. En ambos casos, lo que se buscan son réditos y maximizar las ganancias (que no siempre son de índole económico, también puede ser obtener prestigio o poder). Afirman que es un enigma difícil de desentrañar, la razón por la cual se tiende a pensar que los individuos se comportan diferente en el área económica que en la política, si la psiquis de esa persona es una sola.
Buchanan enfatiza que con respecto al Estado, lo que prevalece son las fantasías por encima de la experiencia cotidiana. La manifestación más clara de eso es, que se presume que a los políticos y a los burócratas los mueve el deseo de promover el bien común, cuando no hay nada en los hechos que confirme esa creencia. Lo que se constata una y otra vez, es que los gobernantes buscan satisfacer sus propios intereses, así como favorecer a los grupos que los apoyan, aunque eso perjudique al resto de la sociedad. Además, se habla mucho de las supuestas “fallas de mercado” y muy poco de las “fallas del gobierno”. Sin embargo, lo fehaciente es que la intervención del aparato estatal rara vez soluciona los problemas sociales que provocaron su intervención; por el contrario, lo más probable es que las cosas queden peor que antes de su involucramiento.
Esta reforma educativa se originó en las movilizaciones estudiantiles que se realizaron durante el primer gobierno de Bachelet (2006-2010). Continuaron con mayor intensidad en el de Sebastián Piñera (2010-2014). Las demandas principales, fueron las que durante la campaña electoral de 2013 la actual mandataria se comprometió a implementar de resultar ganadora. Y son las que ahora está tratando de poner en vigor.
En consecuencia, la referida política pública se mueve al son de los intereses particulares de sus principales actores: Bachelet perseguía ser nuevamente presidente de Chile; los líderes estudiantiles más mediáticos —en ancas de las multitudinarias movilizaciones— lograron posicionarse políticamente y varios han conseguido escaños en el parlamento, con todos los privilegios que eso supone; muchos padres y universitarios esperan que otros paguen por sus estudios o los de sus hijos. Los políticos y las burocracias buscan acrecentar el presupuesto público en la mayor medida posible, porque ellos son los principales beneficiarios de ello.
¿Acaso alguno de los mencionados habla de renunciar a su “lucro” personal dado las ventajas que está obteniendo?
¿Y la calidad de la enseñanza mejorará? ¿Mayor dinero extraído a la sociedad y administrado por los políticos y los burócratas, convertirá su uso en más eficiente? ¿Menor diversidad educativa, redundará en mayor calidad? ¿Quitarle poder a los padres para decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, impulsará el desarrollo de Chile? Despojar de autonomía a los directivos de los institutos educativos para dirigir sus establecimientos, ¿contribuirá a ser más igualitaria a esa sociedad, o por el contrario, la conducirá a la mediocridad generalizada?
Si realmente se quiere tender hacia una educación de calidad que contribuya decisivamente al desarrollo de un país, la ciudadanía debe comprender que el camino es el opuesto. La razón de ello es que, como postula la Public Choice, “la evidencia científica señala al gobierno —y no al mercado— como el ente que debe ser limitado o reducido por el bienestar de la sociedad”.
Todas las personas —como seres racionales que son— buscan el lucro en cualquiera de sus manifestaciones. Lo sano —y hasta lo ético— es que lo hagan en forma franca, y no disfrazándolo bajo el manto de supuestas aspiraciones más nobles.