Paraguay: ¿Se abre la caja de Pandora?

Algunos senadores de los partidos Colorado, Liberal Radical Auténtico y del Frente Guazú presentaron un proyecto de ley para que el cien por ciento de las acciones y bienes de la Azucarera Iturbe pase a manos del Estado. La firma debe más de sesenta mil millones de guaraníes (US$16,4 millones). El mencionado proyecto tiene como propósito aprobar la expropiación lo que significará la nacionalización de una empresa privada. Un retroceso legislativo de graves consecuencias.

La idea de los proyectistas es una de las tantas pretensiones delirantes a las que nos tienen acostumbrados los políticos que continúan desafiando la modernidad, fieles creyentes en la panacea estatal. En caso de prosperar semejante adefesio legislativo, las confiables percepciones de los mercados internacionales hacia el Paraguay obtenidas últimamente, empezarán tomar un giro diferente, en contra del país.

La nacionalización de una empresa privada significa que el Estado sigue dispuesto a tomar dinero de los contribuyentes por más bien intencionada o rebuscada que sea su motivación. Implica, además, que el Estado tiene la potestad de inmiscuirse en las decisiones, malas o buenas, de las empresas administradas por dueños particulares. Se estará dando una señal complaciente con lo que más detestan los inversionistas globales. Paraguay le estará diciendo al mundo que no está tan mal lo que se hace últimamente tanto en Argentina como en Venezuela, países en decadencia debido a las malas políticas llevadas a cabo por sus gobernantes, similares a las del subsidio o la expropiación.

Los proyectistas de esta ley, sin embargo, no son más responsables que el propio presidente de la República. Fue el mismo Horario Cartes el que destapó días atrás las viejas cantinelas populistas cuando dijo que enviaría un proyecto de ley para lograr un subsidio de rescate para cumplir con las multimillonarias obligaciones que la azucarera no ha podido honrar.

De modo que si el presidente Cartes pretendió tirar la responsabilidad al Congreso para que sean los legisladores quienes aprueben o no el descabellado propósito del subsidio, ahora son algunos senadores los que con sumo agrado se adueñaron de la idea primigenia del presidente y la perfeccionaron todavía más.

Un error estratégico y táctico del presidente Cartes. Se supone que él debería saber que los políticos “profesionales” apenas encuentren una debilidad suya, lo harán sin titubeos. Y lo encontraron. Ahora, en caso que el proyecto sea aprobado en el Congreso, el presidente Cartes tendrá dos caminos. Si veta la ley aparecerá como el “insensible social”, el ricachón que no siente los problemas de los pobres y necesitados, en este caso de los cañicultores, trabajadores y transportistas de la azucarera. Una exposición innecesaria de la figura presidencial.

Pero si al final el mismo presidente Cartes promulga la ley de expropiación, se estará dando un poderoso estímulo al populismo que se alimenta vorazmente de la obtención a cualquier costo de los votos electorales. Más grave aún, de un solo plumazo acabará con el “nuevo rumbo” que dice implementar en su administración.

Ni el subsidio pretendido por el presidente de la República ni la expropiación pergeñada por los senadores en el proyecto en cuestión dejarán buenos antecedentes para el futuro político y económico del país. No puede el Estado hacerse cargo de las irresponsabilidades y malos manejos acaecidos en las firmas privadas. Los gobernantes no están autorizados por la Constitución de este país a hacer uso antojadizamente del dinero de los gobernados.

De manera imprevista el presidente Cartes y algunos senadores empezaron a abrir la caja de Pandora. Es la misma caja de la que se menciona en la antigua mitología griega: al abrirse del todo las consecuencias solo pueden ser desastrosas.