Una violación flagrante de la intimidad de los estadounidenses, dice el senador Scott

La privacidad financiera ha estado en el punto de mira durante décadas, pero eso no ha impedido que los funcionarios del gobierno traten de establecer enfoques aún más invasivos. Como se detalla en una nueva carta del senador Tim Scott (republicano de Carolina del Sur), ahora existe la preocupación de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) haya "instado a las instituciones financieras privadas a vigilar los datos de los clientes a nivel de transacción utilizando términos de búsqueda políticamente cargados".

La carta del senador Scott se centra en las acusaciones de que FinCEN instruyó a las instituciones financieras a buscar transacciones que incluyeran términos como "MAGA" y "Trump", así como transacciones para la compra legal de armas de fuego. Sin embargo, como señaló el senador Scott, este problema es demasiado familiar. Fue hace apenas una década cuando el Departamento de Justicia inició la "Operación Choke Point" bajo la administración Obama.

Para quienes no estén familiarizados, la Operación Choke Point se propuso perseguir a los llamados negocios controvertidos (por ejemplo, dispensarios de cannabis con licencia estatal, prestamistas de día de pago, casas de empeño o armerías) con la intención de, como la describió un funcionario, "ahogarlos del mismo aire que necesitan para sobrevivir".

Sin embargo, el problema en este caso se refiere sólo a una pequeña pieza de un sistema mucho mayor. Aunque es un problema ver que las motivaciones políticas impulsan la vigilancia financiera, tampoco debe perderse de vista que esta vigilancia es un problema en sí mismo.

En virtud de la Ley de Secreto Bancario y las numerosas ampliaciones que le siguieron, en 2022 se exigió a las instituciones financieras que presentaran al FinCEN más de 26 millones de informes sobre la actividad de sus clientes. Peor aún, en virtud de la doctrina de terceros, el gobierno también puede acceder a la mayoría de los registros financieros sin una orden judicial porque la "Ley de Derecho a la Privacidad Financiera" rara vez establece realmente un derecho a la privacidad financiera.

Así pues, el senador Scott tiene razón al explicar que "estas acusaciones, de ser ciertas, representan una violación flagrante de la privacidad de los estadounidenses y la persecución indebida de ciudadanos de Estados Unidos por ejercer sus derechos constitucionales sin las debidas garantías procesales". Sin embargo, el problema es mucho más profundo que cualquier abuso de poder.

Puede que no sea fácil hacer cambios durante un año electoral, pero afirmar que la Cuarta Enmienda debe proteger a las personas de los registros gubernamentales sin orden judicial no debería ser una decisión difícil.

Cuando se les encuesta, el 83 por ciento de los estadounidenses dicen que el gobierno debería necesitar una orden judicial para acceder a sus registros financieros. Es hora de que el Congreso lo haga realidad.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 22 de enero de 2024.