Importar justicia

Los beneficios del comercio internacional han sido explicados desde los tiempos de David Ricardo. Hay países que tienen ventajas comparativas para producir ciertos bienes y que tienen desventajas para producir otros. Los países deben especializarse en esos bienes que producen eficientemente y deben importar de otros países el resto de bienes. Ecuador debe sembrar bananas, porque tiene las condiciones perfectas para hacerlo, pero debe importar aviones porque no tiene ni el capital ni la tecnología para fabricarlos.

Existe un bien muy importante que nuestro país no produce eficientemente: la administración de justicia. Nuestro sistema judicial es corrupto y dependiente del poder ejecutivo. Esto crea el escenario perfecto para la corrupción en la contratación pública.

Cuando el Gobierno celebra contratos, como la concesión de una carretera o la distribución de insumos médicos, la práctica generalizada es que los empresarios pagan coimas para conseguir el contrato. Lo hacen porque están seguros de su impunidad. Saben que pueden amenezar al fiscal para que no los investigue, que si eso les falla pueden coimar al juez y que, en el peor de los casos, pueden agarrar su dinero y fugarse sin que el gobierno ecuatoriano pueda hacer nada al respecto.

Durante los años setenta, EE.UU. promulgó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una ley federal que castiga a cualquier persona o compañía estadounidense o al nacional de cualquier país si obra en territorio americano, que pague o que ofrezca un pago a un funcionario público extranjero para conseguir o mantener un negocio en el país de ese funcionario.

En lo que resulta más relevante, esa ley le otorga competencia al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para investigar el delito y le da jurisdicción a un juez federal de EE.UU. para conocer el caso e imponer la pena.

Tal vez una buena estrategia para combatir la corrupción en el Ecuador sea establecer el requisito de que solo puedan contratar con el gobierno empresas que estén sometidas a la FCPA. Para contratos grandes podría exigirse que la compañía esté domiciliada en EE.UU. y para contratos más pequeños podría obligarse a que el contrato se celebre en territorio americano. De lo que se trata es de que el país más poderoso del mundo, con la seriedad de sus instituciones y la fortaleza de su sistema judicial, tenga jurisdicción para investigar y castigar a quienes sobornen a funcionarios públicos en el Ecuador. Los empresarios corruptos se pueden reír de la justicia ecuatoriana, pero no se pueden reír de la justicia estadounidense.

Todos deseamos que Ecuador tenga el capital y la tecnología para fabricar aviones y que la justicia ecuatoriana sea independiente, con jueces capaces y honestos. Pero ese no es el caso, y las políticas públicas deben hacerse con base en realidades y no con base en buenos deseos. Así como para volar debemos importar aviones, para luchar contra la corrupción debemos importar justicia.

(No es ninguna coincidencia que durante el correato las empresas chinas hayan sido las favoritas para los grandes contratos públicos).

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 30 de octubre de 2020.