Chavismo y derecho

Desde la publicación de su tesis doctoral, La idea del derecho en la Constitución de 1999 (UCV. Caracas: 2008), Francisco Delgado Soto se ha convertido, con la discreción que lo caracteriza, en el pensador venezolano que más profundamente ha comprendido, explicado y comunicado la destrucción jurídica e institucional del país, a manos del proyecto político llamado “chavismo”, que como bien ha sido descrito por intelectuales como Erik del Búfalo, más que un sistema coherente y articulado de ideas, así sean falsas como las del marxismo, es un proyecto criminal, premoderno y antiliberal, de corte tribal y violento, dirigido a saquear todo lo que esté a su alcance y a demoler por la fuerza toda forma de civilidad y libertad.

Tanto en la obra mencionada, como en La reconstrucción del derecho venezolano (Galipán. Caracas: 2012), y ahora en el libro que nos honra comentar, Chavismo y derecho (Galipán. Caracas: 2017) el también profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Central de Venezuela ha desarrollado un análisis minucioso, argumentado, lleno de evidencias y explicación de las graves consecuencias, de lo que han sido las ideas, reformas, usos y aplicaciones que sobre el derecho y del derecho ha hecho el chavismo desde el poder, hasta llegar a la terrible situación actual, en la que como argumenté en otro lugar (en Venezuela, un estado de naturaleza, sin derecho), los venezolanos vivimos sin derecho, sin previsibilidad, seguridad, orden y certeza respecto de cuáles son las normas jurídicas, obligaciones y derechos que debemos tener en cuenta en nuestro día a día para actuar, elegir y desarrollar nuestros proyectos de vida, pues todo esto depende en forma directa de la nuda voluntad de quienes detentan por la fuerza el poder.

A través de 10 capítulos, algunos de cuyos títulos son “Horror a las normas”, “Los jueces: entre la sujeción y el activismo”, “Los derechos humanos en el Estado total” y “El método constituyente”, que son seguidos de unas valiosas Reflexiones Finales sobre los temas analizados, Delgado ofrece abundantes razones de lo que implica para una sociedad el apoyar políticamente una idea del derecho con influencias marxistas, posmodernas, iusmoralistas y antiliberales, así como la tesis de la subordinación e instrumentalización del derecho por la política-partidista, tanto más si se trata de una política-partidista guiada por fines de control total de los integrantes de la sociedad, como la que abiertamente apoyaban y apoyan aún personajes celebrados en el foro jurídico del país como José Manuel Delgado Ocando, Francisco Carrasquero López, Hildegard Rondón de Sansó y Jesús Eduardo Cabrera Romero.

Esa realidad –el uso político-partidista del derecho–, que debe señalarse no surgió con el chavismo, sino que fue perfeccionada y radicalizada por él –tanto el militarismo como el socialismo democrático precedentes también tuvieron esa visión del derecho– facilitó el avance con paso firme del régimen colectivista que es el chavismo, ya que el desprecio a las normas, la falta de independencia judicial y valoración social del papel de los jueces, el uso de figuras como la constituyente, la Constitución y la jurisprudencia de forma desenfrenada y según la necesidad política del momento, y sobre todo el desconocimiento de los beneficios y las ventajas del Estado de Derecho, los derechos individuales, la supremacía constitucional, la propiedad privada, la autonomía del Poder Judicial y la interpretación responsable y no moralizante del derecho, existente en la población, y de forma notable en los abogados, estudiantes de Derecho y operadores jurídicos en general –un escándalo, pero una realidad también”–, facilitó que todo lo que sucedió con el derecho venezolano a partir de 1999, ocurriera sin ninguna consecuencia, desde el punto de vista del repudio al proceder del chavismo.

La transcripción de algunos párrafos nos servirá para comprender mejor lo antes indicado.

En cuanto al desprecio hacia las normas y la forma jurídica, nos explica: “…el problema del chavismo con las normas es el problema del chavismo con los límites, con la restricción definitiva de las posibilidades. Reiteremos que el horror al que nos referimos no se manifiesta comúnmente en una actitud de rechazo a la creación de normas, puesto que no postula una filosofía de tipo anarquista. Dado que lo decisivo es el comportamiento frente a la exigencia que la regla hace, el horror se expresará bajo la forma de una evasión de la norma en casos concretos o su modificación a conveniencia” (p. 30).

Y añade: “…podría afirmarse que su horror a las reglas jurídicas es una consecuencia necesaria de la forma en que entiende la relación entre política y derecho: lo esencial es el poder, el derecho es una herramienta; si la herramienta impide la conservación del poder o lo pone en riesgo resulta irracional insistir en su aplicación u obediencia” (p. 31).

Respecto de las influencias directas sobre la idea chavista acerca del derecho, explica el autor: “…pueden distinguirse al menos dos fuentes de la visión instrumental que el chavismo tiene del derecho. La primera es su concepción caudillista o personalista de la política (…) La segunda fuente es el socialismo en su concepción de la sociedad y del Estado, en su praxis política, en sus ideas sobre economía, derecho, educación y moral, el chavismo finalmente se ve a sí mismo y se presenta como un tipo de socialismo marxista” (pp. 41-42).

Con relación a cómo el antiformalismo chavista encubre es un visceral antiliberalismo contrario al Estado de Derecho, señala que: “… se trata así, en este sentido del antiformalismo, de una concepción definida por su oposición, no a las formas jurídicas en general dentro del derecho, sino a aquellas formas o instituciones que dan fundamentos a los Estados de derecho desde una filosofía liberal. Entendido de este modo, es solo un término equivalente de antiliberalismo, que se emplea en lugar de este con el cuestionable propósito de hacer ver que es expresión de un debate interno dentro de la ciencia jurídica. Visto de cerca no es sino un intento de hacer pasar como teoría jurídica novedosa, lo que es mera crítica marxista” (p. 65).

Por último, en cuanto a la ideologización de los jueces, destaca Delgado lo siguiente: “…el activismo judicial contradice todos los aspectos básicos de la idea expuesta. Tiende a ver la ilegalidad y la imparcialidad tal como las entiende el pensamiento marxista, como favorecedoras de los intereses de la clase dominante que son los que están expresado en los textos legales. Desde esta perspectiva la imparcialidad se considera una noción ideológica que sirve al mismo tiempo para disfrazar la realidad de dominio de clases y para presentar a los tribunales, que son un instrumento de tal dominio como si fuesen verdaderamente neutrales en la solución de los conflictos” (p. 104).

Desde luego, una obra como la aquí comentada es relevante para abogados, estudiantes y operadores jurídicos en general, con interés en comprender en qué medida en Venezuela no existe derecho como tal, sino métodos de dominación política que han venido a sustituir a aquél casi de forma total, y en aprender, al mismo tiempo, cómo funciona un sistema jurídico institucional, moderno y eficaz, de cara a una futura reconstrucción del derecho en todos sus niveles, empezando por la Constitución misma.

Pero también es relevante, y quizá más todavía en el momento actual, la lectura de este libro por aquellos que, de buena fe en algunos casos y en otros simplemente por ignorancia de lo que ha sido y es el chavismo, plantean que es necesario y positivo que quienes se han opuesto y resisten la tiranía en partidos políticos, coaliciones, organizaciones civiles, medios de comunicación, academias, etc., reciban, se asocien y apoyen incluso la acción políticas de chavistas “democráticos” o “moderados”, en fin, que haya política, mediación y acuerdo con miras a una transición entre todos los actores relevantes, porque sin ello no sería posible avanzar en la eventual salida del poder de los chavistas “radicales”.

Estas personas, entre las que se encuentran académicos como Ángel Álvarez y Fernando Mires, analistas como Michael Penfold y políticos como Eduardo Fernández, entre otros, que cuestionan a los “extremos” por parecerse entre sí, a los radicales “de lado y lado”, o a quienes se niegan a formar equipo con Luisa Ortega Díaz, Gabriela Ramírez, Miguel Rodríguez Torres, Rafael Ramírez, Nicmer Evans y Henri Falcón –algunos responsables de graves violaciones de los derechos humanos, hechos de corrupción y al sistema democrático republicano–, por ejemplo, harían bien en leer este libro de Francisco Delgado, y en explicar a los que rechazan esas posibles asociaciones, cómo es que se puede pretender reconstruir a Venezuela con personas que de forma consciente apoyaron las ideas y medidas brutales que se describen en Chavismo y derecho.

Incluso, si se aceptara esa falaz e irresponsable distinción entre “chavismo” y “madurismo” creada por la desaparecida Mesa de la Unidad Democrática y sus asesores, quienes apoyan el trabajo en equipo con tales personas tendrían que explicar cómo se puede confiar y trabajar políticamente con los supuestos chavistas “moderados” cuando estos, justamente, lo que se plantean como objetivo político es restaurar el verdadero legado de Hugo Chávez, que habría sido destruido por Nicolás Maduro. Es decir, claramente lo que ofrecen es volver a actuar como en el libro de Delgado se describe procedió el régimen de Chávez, desde su ascenso al poder en febrero de 1999.

Es por esta razón que también resulta inadecuado y hasta irresponsable, comparar el muy particular caso de la actual tiranía criminal que opera en Venezuela (apoyada por otras tiranías de mayor abolengo, como la rusa, la cubana y la china) con casos como el de la España franquista y el Chile pinochetista. Si quienes como Alberto Barrera Tyszka en fecha reciente, antes de apelar a las comparaciones ligeras, conocieran lo que tanto a nivel institucional como a nivel jurídico se avanzó durante estas dos dictaduras –sin olvidar las graves y horrendas violaciones de derechos humanos, que es asunto de otra discusión– para el fortalecimiento de la futura democracia y el Estado de Derecho en esos países, en modo alguno se atreverían a comprar el chavismo con el franquismo, o con el régimen militar de Pinochet.

Mientras en España y en Chile la agenda de las dictaduras no fue la destrucción institucional de esos países ni su entrega a tiranías extranjeras, matar de hambre y enfermedades a sus ciudadanos, saquear de forma indiscriminada y permanente los recursos públicos y sobre todo, apoyar un proyecto hegemónico regional e internacional antiliberal, antioccidental y antidemocrático, este sí es claramente el proyecto del chavismo, y el libro de Francisco Delgado así lo demuestra, sin atenuantes.

No resta sino invitar a la lectura pausada de Chavismo y derecho, pues en ella, tal vez, los lectores –en especial los abogados– dentro y fuera de Venezuela, esperanzados por recuperar la libertad y la democracia en nuestro país, puedan comprender qué ideas y propuestas, que incluso en algún momento apoyaron o simplemente menospreciaron, son las que hicieron posible la consolidación de la tiranía, por qué las formas, la seguridad, el Estado de Derecho, los derechos individuales, la libertad individual, el principio de legalidad y la división de poderes son esenciales para esa recuperación, y por qué enfoques y doctrinas como las del Estado social, el constitucionalismo social, el neoconstitucionalismo, el Estado de justicia y los derechos sociales, son inconsistentes, perjudiciales e incentivos para el abuso de poder, la corrupción y la abolición de la república.

Este artículo fue publicado originalmente en El Nacional (Venezuela) el 13 de abril de 2018.