México: Mantener privilegios

Sergio Sarmiento indica que aunque el recorte al presupuesto del Instituto Mexicano del Cine es considerable, "también puede uno preguntarse si en verdad el gobierno debe, en un país con la pobreza [de México], gastar recursos públicos en la producción cinematográfica".

Por Sergio Sarmiento

Los artistas e intelectuales son siempre solidarios con los pobres hasta que llega el momento de que les tocan sus intereses. Este 1 de octubre un grupo de famosos directores, productores y artistas cinematográficos se reunieron para protestar por un recorte de 46 por ciento al presupuesto de gasto del Imcine, el Instituto Mexicano del Cine, de 350 millones de pesos en 2009 a 192 millones en 2010. El recorte es muy importante, ciertamente, pero también puede uno preguntarse si en verdad el gobierno debe, en un país con la pobreza del nuestro, gastar recursos públicos en la producción cinematográfica.

El cine mexicano ha tenido un renacimiento en los últimos años, pero es un renacimiento basado en subsidios y tratos fiscales preferenciales. Estos apoyos se dan por una parte a través del IMCINE, que entrega dinero para cubrir una parte de los costos de realización de las películas, y también por un trato especial que la Ley del Impuesto sobre la Renta otorga, a través de su artículo 226, a las empresas que invierten en la industria. Las grandes compañías pueden así obtener créditos fiscales por un trato que no se da a ninguna otra actividad.

Las inyecciones de dinero han tenido resultados. Si en el 2004 se filmaron sólo 19 películas en nuestro país, en este 2009 la cifra supera el centenar, a pesar de la crisis económica. El problema es que estas películas no siempre encuentran tiempo de pantalla y en general no generan interés del público.

Algunos países del mundo, como Francia, han optado por promover políticas públicas destinadas a favorecer su industria cinematográfica, a través de cuotas de exhibición para las películas nacionales y subsidios a la producción. Sin embargo, Estados Unidos y otros países exitosos en la industria cinematográfica no otorgan estos tratamientos especiales. En la época de oro del cine mexicano, de los cuarenta a los sesenta, la cinematografía mexicana tampoco recibía subsidios ni tratos fiscales especiales.

En México los artistas e intelectuales pelean, como todos los demás grupos organizados e influyentes, por defender sus privilegios. Esto es normal, aunque puede molestar que se presenten al mismo tiempo como defensores de los pobres. Los autores, por ejemplo, han venido gozando desde hace años de una exención del impuesto sobre la renta a sus regalías, la cual no tienen otros grupos más valiosos pero menos poderosos, como los maestros de escuela.

En este momento de crisis los mexicanos debemos preguntarnos para qué queremos al gobierno. Ya éste se acabó virtualmente un recurso natural no renovable, el yacimiento petrolero de Cantarell, para aumentar el gasto público. No logra, sin embargo, cumplir con sus responsabilidades fundamentales en seguridad, educación o salud. ¿Queremos un Estado que se siga dedicando a repartir dinero para otros propósitos, como el subsidio a la industria cinematográfica?

Uno puede entender que los integrantes de la industria cinematográfica quieran mantener sus privilegios. Pero habría que preguntarles a quién quieren quitarle el dinero o qué impuestos más quieren cobrar para mantenerlos. Me pregunto si se atreverían a decirlo públicamente.

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