México: El derecho a la réplica

Le llaman derecho de réplica. Ya ha sido incluido por la clase política en la Constitución, la misma que debería garantizar la libertad de expresión de los mexicanos. Se ha incluido también en el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, una legislación hecha para restringir la libertad de expresión de la sociedad ante la clase política nacional. Falta, sin embargo, que se legisle un reglamento concreto del llamado derecho de réplica, el cual esconde un riesgo mucho mayor de que se lesione el derecho a la libre expresión en nuestro país.

Podría parecer absolutamente correcto que se establezca en nuestro país un derecho de réplica. Después de todo, la idea sería permitir a los afectados por informaciones falsas o dolosas en los medios de comunicación el ofrecer su lado de la historia. Un buen informativo incluye, no por imposición sino por decisión propia, todos los puntos de vista sobre un tema determinado y está dispuesto a corregir sus errores.

La experiencia en otros países, sin embargo, nos demuestra que el derecho de réplica puede convertirse en la mayor de las mordazas a la libertad de expresión. En países como Estados Unidos, donde se tenía una política similar denominada fairness doctrine, doctrina de equidad, ésta se ha abandonado ya que se considera precisamente que afectaba la libertad de expresión.

¿Por qué daña el derecho de réplica la libertad de expresión? Porque puede ser ejercido por un número creciente de supuestos afectados hasta el grado de que un medio de comunicación deba utilizar todo su tiempo —y quedar debiendo— para dar a conocer réplicas a su información o a sus posiciones editoriales. El resultado de la aplicación de la fairness doctrine en Estados Unidos fue acallar la expresión de puntos de vista libres en la televisión, los cuales tuvieron que refugiarse en otros medios, como la radio y los impresos.

La redacción del nuevo reglamento del derecho de réplica definirá hasta qué punto éste se convierte en una mordaza a la libertad de expresión. El reglamento, por otra parte, habrá de combinarse con una nueva redacción de una parte de la Ley de Radio y Televisión, aprobada por el Congreso apenas en 2006 pero rechazada en algunos artículos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desafortunadamente, no podemos esperar mucho de la clase política nacional, la cual ha venido erosionando de manera sistemática la libertad de expresión. Los políticos de México aparentemente ya decidieron que el largo proceso que llevó a una mayor libertad de expresión y a una mayor participación ciudadana en los procesos políticos debe terminar. Por eso la nueva legislación electoral ha limitado la participación de los ciudadanos comunes y corrientes y ha prohibido la contratación de tiempos de radio y televisión para defender o cuestionar cualquier tipo de idea política.

El reglamento del derecho de réplica le otorga una oportunidad más a la clase política para continuar con el proceso de limitar los derechos ciudadanos. Si se aceptan algunas de las versiones que han circulado de este reglamento, la libertad de expresión recibiría un golpe brutal. Cualquier expresión de una opinión crítica a un político o a un partido llevaría a una avalancha de peticiones de derecho de réplica. El resultado concreto sería inhibir cualquier crítica a los políticos en nuestro país. Y eso es finalmente lo que buscan los políticos.

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