México: Abrir el mercado de comunicaciones

A lo largo de los últimos años los avances tecnológicos han impulsado una verdadera revolución en las comunicaciones. En otros países, la convergencia digital ha permitido ofrecer, a través de un mismo medio, servicios tan diversos como la telefonía, el internet y la televisión. Esta confluencia es una realidad cotidiana en el mundo. Pero en México los políticos y los jueces tratan de detenerla.

Todo comenzó cuando en el 2007 cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia echaron para atrás, supuestamente para preservar la “rectoría económica del Estado”, un artículo de la nueva Ley de Radio, Televisión y Telecomunicaciones que daba a los concesionarios la posibilidad de utilizar las frecuencias de comunicación al máximo que permita la tecnología.

Quizá por ignorancia, esperemos que no por perversión, los ministros determinaron que cada frecuencia debe utilizarse solamente para un propósito concedido por el gobierno. Si un concesionario logra obtener un mejor uso del espectro a través de inversión o tecnología, debe conseguir permiso del gobierno y hacer pagos adicionales por la concesión. Con esto se desmotiva la inventiva y la inversión en tecnología y se protege a los monopolios.

Esta visión retardataria está empezando a tener consecuencias en nuestro país. Las autoridades benefician a algunas empresas y obstaculizan a otras. Así, las empresas de televisión de paga por cable propiedad o controladas por Televisa han recibido autorización para ofrecer servicios adicionales de telefonía e internet. Esto es positivo porque se ha dado a los consumidores mexicanos una alternativa a dos servicios que antes eran monopolizados por Teléfonos de México.

Pero la autoridad ha impedido de manera sistemática que Telmex ofrezca el servicio de televisión de paga a través de sus líneas telefónicas aprovechando la tecnología que ya existe para ello para que no le haga competencia a Televisa. Con esto, lejos de promover un mercado libre que beneficie a los consumidores, está impidiendo una verdadera libre competencia.

Por otra parte, las empresas del Grupo Salinas han logrado avances tecnológicos que permiten recibir, a través de un decodificador, varios canales adicionales de televisión en un espacio en el que antes se emitía un solo canal. Esto, que beneficia claramente al consumidor, ha sido rechazado por una alianza de políticos, funcionarios públicos, empresas de cable y Televisa. Su idea es tratar de impedir que el consumidor tenga nuevas opciones y deba quedarse con los monopolios que las empresas de televisión de cable y Sky tienen en distintas ciudades del país.

Al final la experiencia nos demuestra que no se puede impedir el avance de la tecnología. La clase política ha buscado siempre proteger a los monopolios a cambio del dinero que éstos otorgan. Pero los mexicanos deben estar conscientes de lo que esto significa. Un país que se niega a que los consumidores tengan más productos, servicios o canales de televisión es un país que está apostando a que se mantenga la explotación de los consumidores.

En lugar de impedir la oferta de nuevos servicios y canales de televisión, telefonía o internet, la autoridad debería promover la apertura del mercado de las comunicaciones para beneficio de todos los mexicanos.

Desafortunadamente, las autoridades mexicanas suelen trabajar más para beneficio de los monopolios que de los gobernados.

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