La Ley de Derecho a la Privacidad no logra proteger la privacidad de la gente, otra vez

Bank of America está en el centro de una investigación en curso sobre el 6 de enero. Pero no porque (o sus dirigentes) estuvieran directamente implicados en los disturbios. Más bien, se está investigando si Bank of America proporcionó a la Oficina Federal de Investigación (FBI) los registros financieros de personas de la zona de Washington, DC entre el 5 y el 7 de enero de 2021.

Brian Knight, director de innovación y gobernanza del Mercatus Center, ha creado una serie continua para desglosar los hechos a medida que surgen nuevas actualizaciones. La primera entrega de la serie puede consultarse aquí, pero quiero destacar solo algunas de las piezas clave que Knight ha identificado en los últimos meses.

En la primera entrega, Knight analiza si la entrega de esta información fue legal. Explica que la Ley sobre el Derecho a la Privacidad Financiera tiene por objeto proteger a los ciudadanos frente al gobierno, pero otorga inmunidad a las instituciones privadas que comparten información financiera con el gobierno en determinadas circunstancias (véase 12 U.S.C. Sección 3403(c)). Dependiendo de cuánta información se compartiera, esta disposición podría significar que el proceso fue legal.

En otra entrega, Knight analiza por qué Bank of America puede haber sido tan proactivo en su esfuerzo por compartir sus registros con el FBI. Hay muchos factores que considerar, pero centrémonos en dos. En primer lugar, la ley exige en virtud de la ley desde hace tiempo a las instituciones financieras que actúen de facto como investigadores de las fuerzas del orden. Por lo tanto, es posible que compartir esta información se considerara una medida proactiva en virtud de esos requisitos. En segundo lugar, las instituciones financieras deben ser conscientes del riesgo de represalias reglamentarias. Knight señala un estudio de Nicholas Parrillo, profesor de la Facultad de Derecho de Yale, para explicarlo:

[Dado que los bancos son básicamente incapaces de cumplir a la perfección las multitudinarias y complejas normas que rigen la banca, confían en tener una relación positiva con sus reguladores para evitar que éstos se ensañen con ellos cuando se produzca el inevitable error.

Así pues, entre la cláusula de inmunidad por compartir información, el hecho de que los bancos se conviertan de facto en investigadores de las fuerzas del orden y la amenaza de represalias de los reguladores, es fácil entender por qué Bank of America puede haber entregado esta información.

Sin embargo, en la entrega más reciente, Knight comparte la noticia de que el representante Thomas Massie (Republicano de Kentucky) anunció que tiene pruebas de que fue el FBI quien dijo a Bank of America qué registros debía entregarles. De ser cierto, este detalle cambia las cuestiones legales que deben plantearse. Y, como explica Knight, la Ley de Derecho a la Privacidad Financiera podría no ser de mucha ayuda aquí tampoco.

La Ley del Derecho a la Privacidad Financiera tiene unas 20 excepciones diferentes a sus protecciones y algunas de ellas podrían aplicarse fácilmente en esta situación. Por ejemplo, hay una excepción cuando las autoridades gubernamentales "sólo" solicitan el nombre, la dirección, el número de cuenta y el tipo de cuenta de un cliente o de un grupo de clientes. También hay una excepción para las autoridades gubernamentales autorizadas a realizar investigaciones relacionadas con el terrorismo (por ejemplo, el FBI). Asimismo, hay otra excepción si las autoridades gubernamentales determinan que existe el riesgo de que el retraso en el acceso provoque daños personales o materiales, o que las personas huyan de la justicia.

La historia sigue desarrollándose y aún no está claro qué ocurrió exactamente, así que no dejes de seguir la serie de Knight. Sin embargo, una cosa parece clara: la Ley de Derecho a la Privacidad Financiera no hace honor a su nombre. Este ejemplo es, por desgracia, otro caso en una larga historia de la Ley de Derecho a la Privacidad Financiera que no protege la privacidad de las personas. Mientras el Congreso sigue investigando lo sucedido, también debería estudiar la reforma de la Ley.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato at Liberty (Estados Unidos) el 28 de agosto de 2023.