El Servicio Postal es un agujero negro financiero y debería privatizarse

Al parecer, el presidente Donald Trump ha mostrado un gran interés en privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos. Los defensores del Servicio Postal aplauden su mandato de proporcionar servicio de correo a todos los estadounidenses a precios uniformes; los críticos afirman que es menos eficiente que los competidores privados y ya no es financieramente viable (si es que alguna vez lo fue).

Desde su creación, el Servicio Postal fue concebido como un bien público, no como una entidad con ánimo de lucro. De hecho, en 1958, la ley federal declaró que "claramente no es una empresa comercial con ánimo de lucro". Pero las organizaciones sin ánimo de lucro no deberían ser agujeros negros financieros, y el servicio universal no debería requerir miles de millones en pérdidas anuales, como demuestran los proveedores privados.

En la actualidad, el Servicio Postal es un monopolio en quiebra. El Título 39 del Código de Estados Unidos obstaculiza la capacidad de los transportistas privados para competir al exigir mínimos de peso. La agencia también recibe importantes ayudas financieras de los contribuyentes: 120.000 millones de dólares desde 2020.

A pesar de su monopolio, protegido por el gobierno federal, de la correspondencia y de las cuantiosas ayudas de los contribuyentes, los principales competidores privados –UPS (fundada en 1907) y FedEx (1971)– han prosperado, con un crecimiento significativo de sus negocios de paquetería y mensajería urgente en Estados Unidos.

En 2022, USPS generó 79.500 millones de dólares en ingresos nacionales; UPS y FedEx le siguieron de cerca con 60.400 y 48.400 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, el Servicio Postal ha tenido déficit todos los años desde 2007, acumulando una pérdida total de 108.000 millones de dólares. La calidad del servicio sigue disminuyendo: entre 2022 y 2024, el porcentaje de paquetes entregados a tiempo se redujo sustancialmente. Sin la protección del monopolio y las subvenciones de los contribuyentes, los resultados financieros y operativos de USPS habrían sido probablemente mucho peores.

Estos problemas financieros se deben en parte a las normas y reglamentos que el Congreso y otros organismos federales han establecido para la agencia postal. Mientras que la mayoría de los servicios postales del sector privado utilizan sistemas de reparto, el Congreso exige al Servicio Postal que prefinancie las prestaciones sanitarias de los jubilados, lo que crea problemas de liquidez. También debe cumplir un calendario de reparto de seis días, independientemente del volumen de correo. El correo debe entregarse a tarifas uniformes –incluso reducidas para determinados usuarios, como las organizaciones sin ánimo de lucro–, lo que significa que las costosas rutas rurales deben ser subvencionadas por las rentables rutas urbanas.

La agencia se enfrenta a un tope en la subida de precios, un límite de endeudamiento obsoleto y la prohibición de ampliar sus servicios a áreas como la banca. Al mismo tiempo, el Congreso ha bloqueado los esfuerzos por cerrar los centros infrautilizados. La negociación colectiva combinada con la remuneración de los empleados del sector público crea unos costos y unas normas laborales rígidos.

Una solución distinta de la privatización consistiría en derogar o reformar las restricciones normativas más gravosas que pesan actualmente sobre el Servicio Postal. La eliminación de la obligación de prefinanciación de las prestaciones sanitarias a los jubilados y la adopción de un método tradicional de reparto habría producido una media de 5.650 millones de dólares en flujo de caja adicional al año sólo hasta 2016, y la eliminación del requisito obligatorio de entrega en seis días ahorraría a la agencia hasta 2.000 millones de dólares anuales.

Estas reformas, sin embargo, no hacen sino asemejar el Servicio Postal a una empresa privada; una respuesta aún mejor sería privatizar la agencia por completo. La privatización no sólo le liberaría de la prefinanciación y de los requisitos de entrega en seis días, que perjudican la liquidez y aumentan los costos, sino que también eliminaría regulaciones onerosas como la fijación de precios uniformes y los rígidos convenios laborales, permitiéndole responder a las demandas del mercado. Sin restricciones artificiales, la agencia podría fijar precios basados en los costos reales, racionalizar las operaciones, cerrar las ubicaciones ineficientes y buscar la innovación y nuevas fuentes de ingresos como la logística, los servicios financieros o la ampliación de las asociaciones de comercio electrónico. La privatización también abriría el mercado postal a la plena competencia, permitiendo a los transportistas privados competir sin barreras como monopolios de buzones o restricciones de peso.

Un aspecto clave de esta privatización es que debe ser completa, o casi. Desde que Gran Bretaña vendió una participación mayoritaria en su servicio postal nacional, el precio de las acciones ha caído alrededor de un 25%. Pero Royal Mail conservó sus ineficiencias anteriores, como la uniformidad de precios y las obligaciones de servicio. En cambio, los servicios de correo totalmente privatizados, como FedEx y UPS, demuestran que las empresas privadas de mensajería, libres del lastre de una regulación gubernamental innecesaria, pueden prestar servicios fiables adaptándose a los cambios del mercado. Así pues, la privatización completa no sólo reduciría las cargas financieras de los contribuyentes, sino que también proporcionaría un servicio de mayor calidad tanto a los consumidores como a las empresas.

En última instancia, el debate sobre la privatización del Servicio Postal se centra en la eficiencia basada en el mercado. Mantener el statu quo impone una carga financiera cada vez mayor a los contribuyentes y da lugar a una disminución de la calidad del servicio. Las reformas parciales serían útiles, pero la privatización total ofrece el camino más eficaz.

Este artículo fue publicado originalmente en Boston Globe (Estados Unidos) el 14 de abril de 2025.