El retorno de una mala idea: el euro digital

La creación de un euro digital ha vuelto a cobrar actualidad. Ya, en 2022, la Sra. Lagarde, presidente del BCE, anunció su deseo no materializado de introducirle en otoño de 2023. Por su parte, numerosos institutos emisores a lo largo y ancho del mundo están embarcados en proyectos similares, CBDCs. El Bank for International Settlements (BIS) realizó en aquél mismo año una encuesta sobre la materia entre 84 bancos centrales. El soporte a esta iniciativa es a priori múltiple y se la atribuyen un sinfín de incontables beneficios. Sin embargo, su justificación técnica es cuestionable y sus potenciales costes elevados. Por eso es interesante realizar un somero análisis de la inconveniencia de ir por ese camino.

Para empezar, la banca central emite dos tipos de dinero: moneda-billetes y depósitos para bancos comerciales y otras instituciones financieras, el Tesoro público y las agencias extranjeras. Las cuentas corrientes y de ahorro en los bancos comerciales ya están en formato digital. Luego con la excepción del efectivo, la mayor parte del dinero existente en cualquier economía desarrollada ya se encuentra digitalizado sin intervención alguna de las autoridades. Con la tecnología actual y su previsible desarrollo, es innecesario que el BCE cree una moneda digital y se arrogue el monopolio de su emisión.

La tesis según la cual la creación de un euro digital proporcionaría una mayor inclusión financiera es falsa. En la Unión Monetaria Europea, no existe un problema de esa naturaleza. El 98 por 100 de la población adulta tiene una cuenta bancaria y, por tanto, acceso a los servicios proporcionados por las entidades que las gestionan. Por otra parte, la creación de un euro digital puede causar un daño extraordinario a las instituciones de crédito y erosionar su solvencia. Si el BCE abre cuentas a particulares, paga intereses por ellas y realiza transacciones en tiempo real, se puede producir un masivo trasvase de depósitos de los bancos comerciales hacia él. Ello tiene el riesgo de generar crisis bancarias y de nacionalizar o, para ser precisos, supra nacionalizar en el caso europeo, la banca.

Tampoco soporta la introducción de un euro digital la hipótesis conforme a la cual éste contribuiría a agilizar y hacer más rápido el procedimiento para efectuar pagos dentro del sistema bancario y financiero. De entrada, éste es bastante eficiente en la Eurozona, debido a las tecnologías ya existentes y nada indica que ese proceso tenga viso alguno de detenerse sino, al contrario, de acelerarse a causa de la introducción de innovaciones tecnológicas impulsadas por la presión competitiva en el sector bancario. En consecuencia, si la intervención de los poderes públicos o la provisión de servicios por ellos se ha de sustentar en la presencia de algún fallo de mercado, no cabe usar ese argumento en este caso.

Los paladines de crear monedas digitales monopolizadas por los bancos centrales y, por tanto, de la paulatina supresión del efectivo consideran que esas dos medidas ayudarán a combatir la evasión fiscal, el blanqueo de dinero y un sinfín de males. Si esto ocurre, las personas que usan legalmente la moneda física o quieren hacerlo se verían perjudicadas de la misma manera que las que la emplean con fines ilegales, lo que es injusto. De hecho, la injerencia y las regulaciones sobre la disposición del dinero depositados por los ciudadanos y por las empresas en los bancos privados alcanza ya niveles de restricción intolerables en una sociedad libre. Por último, como enseña la teoría económica y avala la experiencia, la realización de actividades criminales quizá se encarezca pero quienes quieran llevarlas a cabo buscarán y encontrarán alternativas más sofisticadas y difíciles de detectar para sortearlas; eso sí, a un precio más alto. Pero ahí no termina la historia.

La eliminación por ukase del dinero físico invade la esfera de autonomía privada de los individuos, uno de los fundamentos de la democracia liberal. Nadie puede arrogarse el derecho a saber en qué emplean los individuos el dinero ganado de manera legal y legítima. Llevando este argumento a sus últimas consecuencias, una divisa digital monopolizada por los poderes públicos no sólo tiene posibilidades de utilizarse para obtener información indebida sino, en el extremo, podría emplearse para decidir qué bienes o servicios pueden ser pagados con ella o qué personas tienen capacidad de usarla y cuáles no, lo que abre un enorme portillo a la discrecionalidad del poder para restringir la libertad individual y controlar las decisiones de gasto y de inversión de los individuos y de las empresas.. Por eso, le gusta tanto esa idea a, por ejemplo, el Gobierno chino.

Las CBDC no producen los beneficios anunciados por sus promotores y violan los principios sobre los que se sustenta un Gobierno limitado y una economía de mercado. Pone a los bancos centrales en competencia directa con los comerciales por los depósitos distorsionando una asignación eficiente del capital y, como se ha señalado, aumentan el riesgo de que se produzca un control político del crédito y de otras transacciones económicas; incrementaría el riesgo de crisis bancarias y de inestabilidad financiera, y podría ser utilizado para castigar a la gente cuyos puntos de vista políticos o sus gustos sean contrarios a los considerados correctos por los poderes públicos.

Este artículo fue publicado originalmente en Vozpópuli (España) el 22 de abril de 2025.