Ecuador: ¡Traigan las antorchas!
Gabriela Calderón de Burgos comenta la reciente controversia en Ecuador debido a un enfrentamiento entre un sacerdote de la Iglesia Católica y el Observatorio Ciudadano GLBTT.
Por Gabriela Calderón de Burgos
La Iglesia Católica cree que familia solo es la que se inicia con un hombre y una mujer y considera a la unión entre personas del mismo sexo como algo contrario a la naturaleza, razón por la cual luchan porque se impida el trato igual ante la ley de los homosexuales. Las personas agrupadas en el Observatorio Ciudadano GLBTT de Ecuador, en cambio, creen que la homosexualidad es algo normal y exigen no solamente igualdad ante la ley sino que todos compartamos esa creencia.
Los representantes de la Iglesia están en todo su derecho de argumentar esta visión de las cosas sin miedo a represalias. Algunos lo harán con mayor éxito que otros y esto probablemente dependerá de la forma en que expresen sus ideas ante los que no comparten su opinión. Sin duda, la persuasión siempre es una mejor alternativa que pedir censura previa o atacar al mensajero (“prensa deshonesta”, “prensa corrompida y corruptora”) como lo hizo el Padre Paulino en la carta que envió a Vistazo. No obstante, él no debe ir a la cárcel por expresar su opinión. Al silenciarla, el Estado estaría coartando otro derecho esencial, la libertad de culto.
En una sociedad abierta, el Estado debe respetar, además de la libertad de expresión y de culto, la libertad de cada persona para elegir su orientación sexual. Esto último lo entienden bien los del Observatorio GLBTT, aunque parecen olvidarse de las dos primeras e igual de esenciales libertades. En lugar de limitarse a acciones en el ámbito privado —por ejemplo, rebatir con argumentos los ataques del Padre Paulino o del articulista de diario El Comercio, Miguel Macías Carmigniani— pidieron una acción coercitiva del Estado para silenciar opiniones contrarias.
Resulta que los del Observatorio GLBTT y el Padre Paulino tienen algo en común: ambos piden la intervención del Estado para imponerle a la sociedad su visión. En esta ocasión, el Observatorio GLBTT ha pedido al Estado callar al Padre Paulino y al Sr. Macías. Si el Estado, a través de la Defensoría del Pueblo, le hace caso al Observatorio GLBTT, se habrá silenciado un importante debate acerca de cuál es el rol del Estado en cuanto a lo que los ciudadanos decidimos hacer con nuestra intimidad y cómo quisiéramos conformar una familia.
Por otro lado, la Iglesia Católica en nuestro país y alrededor del mundo ha insistido en que se mantenga el poder del Estado de influenciar, cuando no determinar, cómo debe ser nuestra intimidad y cómo debe ser una familia. Desde una óptica liberal, el Estado no debería estar involucrado en el matrimonio. Pero dado que ya existe la institución del matrimonio civil y que difícilmente desaparecerá pronto, lo mejor que se puede hacer es que el Estado sea neutro en este tema: igualdad ante la ley para todas las parejas. Justificar una discriminación legal como la prohibición de adoptar un niño cuando se trata de personas homosexuales en nombre de “proteger la formación del niño” solo abre la puerta para que mañana también el Estado intervenga en las familias heterosexuales, en nombre de la misma causa.
La religión y la orientación sexual son temas tan íntimos que sería mejor que el Estado no intervenga. Pero la intolerancia de ambos bandos hace que se inclinen a pedir lo contrario.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 13 de julio de 2012.