Venezuela: Cómo acabar con la tiranía de la riqueza petrolera

por Mary Anastasia O'Grady

En los 12 meses previos a la elección presidencial de octubre del año pasado, el gasto fiscal en Venezuela aumentó 40% interanual en términos reales, según Francisco Monaldi, profesor visitante en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, que estudia la economía venezolana.

El gasto total en 2012 fue equivalente a un asombroso 51% del Producto Interno Bruto y generó un déficit fiscal de 17% del PIB, el mayor en la historia del país, señala Monaldi. Lo más preocupante es que el incremento del gasto se realizó, en gran parte, a discreción del poder ejecutivo.

Estos datos zanjan de una vez por todas cualquier duda sobre la forma en que Hugo Chávez fue reelecto pese al deterioro de los estándares de vida en el país. De cara a la elección, el mandatario simplemente inundó la economía con clientelismo y otros favores para sus partidarios, como lo había hecho en otros votos importantes en 2004 y 2006. Se levante o no de su lecho de enfermo en La Habana y vuelva al poder, este pasado podría ser un prólogo de lo que puede ocurrir durante muchos años.

El Estado venezolano obtuvo más US$60.000 millones en ingresos petroleros en 2011, haciendo del oro negro su principal fuente de financiamiento para las estratagemas clientelistas de Chávez. Los opositores del chavismo se han preparado desde hace mucho para el día en el que los precios del crudo colapsen y las elecciones ya no se puedan comprar. Mientras tanto, han tratado de presentarse —como lo hizo el candidato Henrique Capriles el año pasado— como gestores más capacitados que los propios chavistas para administrar el gran número de programas sociales del gobierno. Esto no los conduce a ninguna parte y la caída de los precios del crudo aún podría tardar en llegar.

Monaldi, junto a los economistas venezolanos Pedro Rodríguez y José Morales, tiene una mejor idea. En un trabajo publicado en septiembre por el Centro para el Desarrollo Global, proponen ofrecer a los venezolanos un plan para reemplazar muchos de los subsidios y programas sociales del gobierno financiados por los ingresos petroleros con "pagos universales, transparentes y regulares" a los ciudadanos.

Los autores sostienen que este "mecanismo de distribución directa" sería una forma más equitativa de distribuir la riqueza proveniente de las vastas reservas petroleras del país y mejoraría la situación de los venezolanos. Promocionar esta idea al electorado tal vez sea una de las pocas cartas que le quedan a la oposición por jugar.

Cuesta negar que Venezuela sea actualmente una dictadura. Pero las ideas aún importan, porque las dictaduras se caen cuando las masas se vuelven en contra de ellas. Conforme la economía se estanque este año, el gobierno podría tener que reconocer que Chávez no regresará. Haya o no una nueva elección, como lo exige la Constitución, el terreno será fértil para cultivar las semillas del cambio.

Los puristas prefieren acabar con el dominio de la petrolera estatal y abrir el sector a una competencia plena. No obstante, una solución de libre mercado para la decadencia de Venezuela probablemente no ganará adeptos en un país donde la dependencia del Estado se ha vuelto una forma de vida y donde la reputación del capitalismo se vio gravemente dañada durante los años de favoritismo y corrupción previos a Chávez.

Una alternativa más persuasiva es el mecanismo de distribución directa, que aseguraría que la población se beneficie de la riqueza petrolera del país al tiempo que aborda lo que los autores llaman los "efectos corrosivos" del crudo en manos del Estado.

Cuando el Estado utiliza los gravámenes petroleros de un pequeño grupo de productores para financiar el gobierno, rompe la conexión que los votantes normalmente hacen entre lo que pagan en impuestos y lo que esperan recibir en servicios, lo que los autores llaman "dividendos de gobierno positivo". Además, cuando el Estado puede distribuir a discreción los frutos de la extracción petrolera sin obligación de rendir cuentas, es probable que los use para recompensar a sus aliados políticos.

Bajo este mecanismo, el pago directo de los ingresos petroleros es posteriormente gravado. De esta forma, el costo de financiar los programas del gobierno recae en los contribuyentes. Según los autores, el costo de gestionar el Fondo de Desarrollo Nacional, o Fonden, y "varios programas sociales", incluyendo lo que Chávez llama "misiones", fue de casi US$125.000 millones entre 2003 y 2011, lo que equivale a unos US$480 anuales por persona.

¿Es probable que los venezolanos acepten la idea? Los autores dicen que sí, a pesar de que que el candidato opositor Manuel Rosales haya presentado una variante de la propuesta en 2006. Realizaron una serie de focus groups con familias de bajos ingresos y se encontraron con un considerable respaldo para un sistema que deposite los pagos en la cuenta bancaria personal de cada ciudadano, en lugar de la idea de Morales de emitir una tarjeta de débito. Hubo incluso más apoyo para un sistema que otorgue vales "que puedan ser usados en la institución preferida" para salud y educación. En ambos casos, los sondeados respaldaron con firmeza la "universalidad" de los pagos.

Los autores aluden a una reciente encuesta que halló que "67,5% de los venezolanos no creen que se hayan beneficiado de los ingresos petroleros del país durante el gobierno de Chávez". Eso representa una oportunidad para la oposición, a menos que, por supuesto, quieran preservar el sistema actual para sus propios propósitos y sólo cambiar a los actores.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 27 de enero de 2013.

Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal © 2011
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