Inmigración y delincuencia

La inmigración representa uno de los fenómenos más importantes que está experimentando la sociedad española. Durante décadas, España fue un exportador neto de mano de obra. En los últimos años ha comenzado a convertirse en un país importador de factor trabajo como consecuencia de su desarrollo económico. Esta tendencia se va a acentuar en el futuro a causa del declive de natalidad experimentado por España y de las necesidades de su economía. Sin embargo, esta ola migratoria plantea también algunos inconvenientes. La integración de ciudadanos de otros países y otras culturas es una tarea compleja y el recurso a argumentos demagógicos y falaces contra los flujos migratorios es fácil y tentador. Por añadidura, la entrada ilegal de extranjeros crea problemas de difícil tratamiento y solución. Todo este conjunto de elementos hace que el debate sobre la inmigración sea uno de los asuntos centrales de la agenda política, social, cultural y económica de este siglo.

Uno de los principales temores derivados de la inmigración es el de su relación con la delincuencia. La pregunta es sencilla: ¿Tienen los inmigrantes una mayor propensión a cometer delitos que los nativos? Resulta obvio que a medida que aumenta el número de extranjeros en un país, también lo hace el número de violaciones de la ley cometidos por ellos en términos absolutos. Es pura lógica estadística. Ahora bien, la mayoría de los estudios realizados sobre la materia no muestran que haya una relación constante y estable entre delincuencia e inmigración. La población inmigrada no tiene siempre y en todas partes tasas de criminalidad mayores, menores o iguales que la autóctona. Todo depende del lugar y del período que se considere. Para decirlo con claridad, el incremento de los flujos migratorios no se traduce de manera inexorable en una amenaza para la seguridad de la sociedad huésped.

Kindleberg revisó las estadísticas penales europeas desde el final de la Segunda Guerra Mundial y concluyó que no existía una evidencia estadística que mostrase la existencia de mayores tasas de criminalidad entre los inmigrantes que entre los nativos (Europe´s Postwar Growth: The Role of Labor Suply, Cambridge University Press, 1967). Esos mismos resultados arrojó la investigación realizada por Steinberg para los EE.UU. Ambos autores asocian la percepción de la imagen mayor inmigración/mayor criminalidad por amplios sectores a la opinión a la singular atención concedida por los medios de comunicación a las actividades delictivas desplegadas por los no nativos. Esto no significa que no haya épocas en las cuales, el índice de criminalidad ha sido superior en la población inmigrada que en la nativa. Pero en el largo plazo y en términos relativos, los delitos cometidos por ambos colectivos tienden a ser similares (ver Steinberg A., The History of Inmigration and Crime, Staff Report of Select Comisión on Inmigration and Refugee Policy, Government Printing Office, 1981).

Por lo que se refiere a España y a simple vista, los datos ofrecidos por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias muestran una propensión más alta a delinquir por parte de los inmigrantes que de la población autóctona. El porcentaje de reclusos extranjeros sobre el total de ese colectivo es del 2,4 por 100 mientras el de españoles sobre la población total nativa es del 0,1 por 100 y la tasa de detenciones de extranjeros es de 35 por cada mil habitantes. Sin embargo, estas cifras necesitan una matización. La mayoría de los delitos cometidos por extranjeros tiene su origen en los residentes irregulares; es decir, en los inmigrantes ilegales. Es en este grupo en el que se concentran los niveles más elevados de criminalidad y probablemente está ligado en lo esencial a la penetración y establecimiento de redes de delincuentes profesionales en nuestro país. Sin duda, este es un tema inquietante y grave pero no tiene nada que ver con la inmigración en sentido estricto.

En este contexto, la correlación inmigración-delincuencia es espuria. Es injusto y peligroso identificar la actuación de minorías criminales con la mayoría de la población inmigrada. Por ello, la lucha contra la delincuencia no tiene porqué traducirse en la introducción de restricciones a la inmigración sino en la aplicación de la ley. Quienes quebrantan las leyes han de ser perseguidos y castigados con independencia de cual sea su nacionalidad. La entrada ilegal de extranjeros ha de ser penalizada no por ser inmigración, sino por constituir una violación de la ley. Este planteamiento no puede verse debilitado por argumentos humanitarios, que en la práctica constituyen una negación del principio de igualdad ante la ley, y sólo sirven para incentivar los flujos migratorios irregulares y para crear una situación insostenible en el medio plazo con consecuencias muy graves.