El espionaje telefónico en el Perú

Luego de que Alberto Fujimori ganó las elecciones presidenciales de 1990, la Cámara de Senadores del entonces parlamento bicameral, constituyó una comisión investigadora para indagar acerca de las acusaciones sobre espionaje telefónico denunciadas durante esa campaña electoral. Al término de su labor el grupo parlamentario en mención probó fehacientemente que, el Sistema de Inteligencia Nacional había realizado escuchas ilegales, a todos los participantes en la contienda por la Presidencia de la República, sobre todo a Mario Vargas Llosa y a los principales dirigentes del Frente Democrático que él encabezaba. Las transcripciones de los diálogos, fueron reconocidas por las personas afectadas. Uno de los agraviados, el ex presidente Fernando Belaunde, ratificó la veracidad de sus conversaciones grabadas. Tiempo después Francisco Loayza ex asesor de Fujimori, publicó un libro en el que relató esta experiencia delictiva, señalando que Alan García se puso al servicio del candidato de origen japonés.

Fujimori teniendo en cuenta la gran ventaja que este vedado procedimiento le proporcionó para su accionar político, una vez instalado en el poder no sólo lo continuó, sino que amplió su campo a toda clase de personajes, llegando a una situación de abuso inimaginable. A lo largo de su dictadura el fisgoneo, no tuvo limitación alguna para invadir la intimidad de la gente, y fue una de las armas que utilizó para consolidarse en el gobierno. Lamentablemente los peruanos no han tenido la oportunidad de conocer los alcances de toda esta podredumbre porque Fujimori, para no dañar a su hija Keiko en el intento de ganar las próximas elecciones, reconoció la comisión del delito y de esta forma evitó un juicio público. Sin embargo el ex dictador al igual que su perverso asesor Vladimiro Montesinos, y el coronel del ejército Roberto Huamán Azcurra quien también había espiado durante el primer mandato de García Pérez, fueron condenados por la justicia.

En las últimos comicios presidenciales del año 2006, la mayor parte de los candidatos era plenamente consciente de que sus conversaciones telefónicas estaban intervenidas con fines políticos. La principal razón de esta fundada percepción, era que muchos de los equipos de interceptación de tecnología moderna, utilizados por el gobierno de Fujimori (1990-2001), habían desaparecido.

El año 2008, el periodista Fernando Rospigliosi hizo una gravísima denuncia de espionaje telefónico de carácter empresarial, pero con una indiscutible ligazón política. Esta vez la intromisión no fue realizada por ningún funcionario público, ni organismo del Estado. Los actos delictuosos fueron ejecutados, por la empresa Business Track, que era dirigida por algunos oficiales de la marina en situación de retiro. Cuando se divulgaron las escuchas, en donde quedó al descubierto el pago de un supuesto soborno de la empresa noruega Discover Petroleum para que ésta ganara la concesión de unos lotes para explorar y extraer petróleo, la hecatombe política fue inevitable. Estaban involucrados en los hechos el ex ministro de Alan García, Rómulo León Alegría, y su ex abogado Alberto Quimper, que lo había defendido cuando fue acusado de enriquecimiento ilícito por el Congreso, al finalizar su primera administración. Salpicado por el escándalo y debido a la presión de la opinión pública, su incondicional Jorge del Castillo, tuvo que renunciar al cargo de Presidente del Consejo de Ministros.

En este caso ante la gravedad de lo ocurrido, la actuación de la justicia fue rápida, y dispuso la detención de los principales implicados en el espionaje, pero en pleno trámite judicial, desapareció información que aparentemente perjudicaría a gente del gobierno. Esta inaudita pérdida hasta ahora no se aclara. La Fiscal de la Nación Gladys Echaíz y el Presidente de la Corte Suprema Javier Villa Stein, se culpan mutuamente del extravío de esta prueba clave.

El periodista Gustavo Gorriti, realizó una investigación más profunda acerca de este sonado asunto. Lo indagado lo plasmó en su libro "Los Petroaudios", en donde formula un delicado y espinoso cargo: acusa al mismísimo Alan García, de haber solicitado servicios de espionaje, a Manuel Ponce Feijoó directivo de BusinessTrack, en contra de sus rivales electorales. Según Gorriti, García le habría indicado a Ponce: "Tú encárgate de Ollanta (Humala), que de la gorda (Lourdes Flores) me encargo yo". Como es fácil de advertir y comprender, el presidente y sus defensores han negado esta gravísima imputación. Será sin duda la justicia, la que determine las responsabilidades de caso, cuando el actual jefe de Estado culmine su gestión.

A pesar de todo lo ocurrido, el espionaje telefónico continúa en el Perú. Las autoridades y la justicia han sido incapaces de enfrentarlo. El país entero ha constatado recientemente cómo la candidata a la Alcaldía de Lima, Lourdes Flores, acaba de ser invadida en su privacidad, y cómo la prensa ha divulgado sus conversaciones, que no tienen ningún contenido ilícito.

¿Se hará justicia algún día? El delito debe ser combatido por la autoridad democrática, sin excepción alguna, pero los obligados a actuar con profesionalismo y sin temor, son los fiscales y jueces.

Este artículo fue publicado originalmente en El Imparcial (España) el 25 de septiembre de 2010.