21 de julio de 2008

México: Hacia un país de dueños, no de siervos

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por Ricardo Medina Macías

Ricardo Medina es analista político mexicano.

Para que más de 20 millones de propietarios mexicanos se sientan y actúen como tales: Garantizar en la Constitución la invulnerabilidad de los derechos de propiedad de cada cual sobre su cuenta individual de retiro.

Hoy día las Afores (Administradoras de fondos para el retiro) administran más de 80 mil millones de dólares, el 9,1% del PIB, en 38,9 millones de cuentas individuales de pensiones. Como se sabe, el número de cuentas no corresponde al mismo número de ahorradores individuales; existen múltiples duplicaciones y/o cuentas abandonadas por los beneficiarios, sea porque los dueños de esos recursos no saben que los tienen o, peor todavía: porque aun sabiendo vagamente que hay una o más cuentas a su nombre no acaban de "creer" que ese dinero realmente les pertenezca y sospechan que no llegará el día en que ellos o sus beneficiarios podrán disponer libremente de sus recursos.

Debe haber, al menos, 20 millones de dueños de fondos individuales de pensión.

Una de las principales causas de la indiferencia de muchos trabajadores hacia sus fondos de retiro radica en la percepción de que los derechos de propiedad no son respetados en México y de que ese ahorro forzoso es sólo un impuesto disfrazado. A esta percepción contribuye el poco respeto que manifiesta buena parte de la clase política mexicana hacia los derechos de propiedad.

Me refiero a muchos legisladores, dirigentes de partidos políticos, figuras emblemáticas de la arena político-electoral y hasta negociantes adinerados vinculados al poder político. Para muchos de ellos los recursos administrados por las Afores son un jugoso botín del que todavía no logran apropiarse. No hay que tolerar esos amagos de despojo.

Por el contrario, en la hipótesis de que sí existan legisladores y políticos ajenos al hábito depredador (sin duda los hay) una magnífica oportunidad para servir de veras a millones de mexicanos sería establecer en la Constitución la garantía de la propiedad individual imprescriptible e inviolable de cada una de las cuentas para el retiro.

Sería mucho más que una señal redundante. Sería la mejor expresión de un compromiso con la prosperidad del país —que sólo puede fundarse en derechos de propiedad respetados escrupulosamente— y se traduciría en un formidable impulso para que millones de ahorradores mexicanos se convenzan de que de veras son propietarios de esos recursos y actúen como tales.