15 de mayo de 2008

Propiedad y transparencia

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por Carlos Ball

Carlos Ball es Periodista venezolano, director de la agencia de prensa AIPE (www.aipenet.com) y académico asociado del Cato Institute.

Mis amigos latinoamericanos suelen comentarme sobre la suerte que tuve al emigrar hace años a Estados Unidos. Entonces era menos difícil hacerlo y, respecto a mi profesión de periodista, no hay duda: los próceres de la independencia de Estados Unidos aseguraron constitucionalmente que ningún burócrata ni sindicato pueda exigir licencias ni colegiaturas para expresar libremente nuestra opinión. Pero, lamentablemente, no dejaron igualmente claro en la Constitución la importancia fundamental de respetar la propiedad (empezando con nuestro propio cuerpo) ni tampoco que los gobernantes, funcionarios y políticos nos tendrían que mantener clara y detalladamente informados sobre cómo gastan lo que nos quitan en impuestos.

Ambas fallas están intricadamente relacionadas. El tamaño del gobierno, a nivel tanto nacional como estatal y local, ha crecido infinitamente más rápido que toda otra actividad humana y, con ello, los impuestos, las regulaciones, las prohibiciones, los controles, las redadas contra drogadictos, prostitutas e inmigrantes, y la vigilancia sobre el ciudadano. Tan exagerado intervencionismo en la vida privada se lleva a cabo bajo la excusa —claro está— que todo es para bien y protección nuestra, en este nuevo mundo plagado de terrorismo e inéditos riesgos. Esa “seguridad”, entonces, implica menos libertad y cualquier crítica supuestamente aporta municiones al enemigo. Pero, ¿cuál es realmente el enemigo?

A los viejos amigos latinoamericanos que visitan mi casa les pregunto: ¿Cuándo puedes regar tu jardín? Me ven como si estoy loco y entonces les explico que yo lo puedo hacer solamente en el día y las horas que me permiten las autoridades del South Florida Water Management District (SFWMD). Quienes, además, tienen mensajes incitando a mis vecinos para que me delaten si me ven regando cuando no debo.

En febrero, el periódico South Florida Sun-Sentinel reportó sobre SFWMD. Uso las iniciales porque no quiero repetir un nombre que parece tomado de 1984, el libro de Orwell sobre el “doblepensar”, donde la guerra es “paz” y la paz es “guerra”. Resulta que SFWMD gastó 219.000 dólares en habitaciones de hoteles y 800.000 dólares volando aviones y helicópteros de la agencia para que sus funcionarios asistieran a “reuniones de trabajo” en Key Largo y Disney World.

Doy el ejemplo de esa burocracia local para hacer énfasis en el evidente avance informativo sobre todo lo que tiene que ver con las actividades privadas del individuo, mientras tendemos a vivir en la prehistoria con respecto a la transparencia y debida información del gobierno a la ciudadanía que paga —con impuestos— los sueldos de gobernantes, legisladores y jueces, como también por las obras públicas, gastos y lujos de los funcionarios.

En 2006, una ley federal sobre responsabilidad de gestión y transparencia, propuesta por los senadores Barack Obama (demócrata) y Tom Coburn (republicano), fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Bush, de manera que todos tengamos acceso en internet (www.usaspending.gov) a detallada información sobre contratos y dádivas de más de 25.000 dólares del gobierno federal. Eso dificulta construir puentes “a ninguna parte”, como intentaron hacer hace poco unos congresistas que buscaban apoyo electoral.

Es hora de exigir no solamente que los gobiernos estatales y municipales en Estados Unidos ofrezcan esa información a la ciudadanía, sino instrumentarlo también en el resto de las Américas, donde la corrupción oficial, los pagos bajo la mesa y los privilegios recibidos por amigos y compinches distorsionan y a menudo destruyen el funcionamiento del mercado y la libre competencia. Entonces, los nuevos socialistas latinoamericanos acusan de esos pecados a los viejos socialistas y convencen a los electores sobre la necesidad de proclamar una nueva constitución, mayor intervención y óptima redistribución de los ingresos.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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