México: La censura como política

Si alguna duda cabía que la razón principal de la ley electoral del 2007 era censurar las opiniones independientes, hoy las cosas han quedado muy claras. El Instituto Federal Electoral (IFE) no ha tenido mucho éxito en las tareas que se le han encomendado en el inicio de su nueva era, una vez que sus anteriores responsables fueron destituidos, pero lo que sí ha adoptado con entusiasmo es su papel de censor.

El IFE ha censurado ya un anuncio del Frente Amplio Progresista (FAP), que convocaba a una reunión en el Zócalo para discutir el tema de la reforma energética; otro de una organización civil encabezada por Guillermo Velasco Arzac que señalaba el hecho de que quienes han tomado parlamentos en la historia han sido fascistas y ultraderechistas; y uno más del PAN, por cuestionar la toma de las tribunas del Congreso de la Unión.

Con estos tres actos de censura el IFE va más allá de lo que una ley ya violatoria de la libre manifestación de las ideas ordena. La ley prohíbe a los partidos políticos contratar anuncios de radio y televisión, pero el FAP no es un partido político sino una asociación no electoral de partidos. La ley prohíbe los anuncios electorales de personas físicas o morales, pero el spot de Velasco Arzac no es electoral sino la simple expresión de un punto de vista político. La ley prohíbe que los anuncios de los partidos políticos denigren a los rivales, pero cuestionar la toma de las tribunas del Congreso no puede considerarse como denigratorio.

Aunque nuestro sistema de derecho establece que los funcionarios sólo pueden hacer aquello que la ley les ordena específicamente, los consejeros del IFE han ido más allá de lo que señala la legislación. Buscan curarse en salud y proteger sus empleos. Tienen muy presente que los políticos pueden nombrarlos y despedirlos a discreción, como hicieron con sus predecesores. Saben también que en este tema los ciudadanos están en la indefensión, porque los tribunales ordinarios remiten sus amparos al Tribunal Electoral y éste los rechaza porque no son partidos políticos.

El IFE no actúa cuando el presidente de la república toma tiempos de los medios para impulsar sus propuestas políticas, pero prohíbe a la oposición contratar espacios para convocar a una reunión en que se cuestiona esa iniciativa. Censura las opiniones pero no aplica el artículo 38 del Cofipe que obliga a los partidos a respetar las instituciones democráticas.

Lo más inquietante es la prohibición a la libre manifestación de las ideas. Usted, amigo lector, no puede contratar tiempos de radio o televisión para defender sus ideas. No es que se le impida apoyar o denostar a un candidato sino expresar sus opiniones sobre la reforma energética, sobre la toma de tribunas, sobre el aborto o sobre cualquier otro tema político.

La democracia les resultó incómoda a los políticos mexicanos. Por eso hoy buscan evitar que los ciudadanos los cuestionen o pongan en jaque su monopolio de poder. Por eso han prohibido las candidaturas independientes. Por eso han censurado los anuncios políticos de los ciudadanos. Y cuidado porque no han acabado. A través del derecho de réplica, que ahogaría a los medios al obligarlos a difundir cientos o miles de respuestas para cada opinión que expresen, buscan también acallar los puntos de vista que expresen los periodistas o los ciudadanos en los espacios informativos de los medios.

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