La agenda colombiana del partido demócrata
En los cinco años transcurridos entre el secuestro de 12 legisladores del departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2002 y el reciente anuncio de que 11 de esos rehenes habían sido asesinados, muchas cosas han mejorado en Colombia. Los diputados fueron secuestrados en un momento en que el Estado era muy débil. Sus asesinatos, por otra parte, parecen ser un acto desesperado cometido por una pandilla de maleantes frustrados cuyo uso del terror no les ha dado los resultados deseados.
Hoy, Colombia es un país mucho más seguro, con una economía más saludable que en 2002. No obstante, como los acontecimientos de las últimas semanas nos han recordado, aún hay dos nubarrones que se ciernen sobre el país.
El primero es la crueldad de las redes del crimen organizado, como las FARC, que han prosperado durante la guerra estadounidense contra las drogas. Gracias a la política de prohibición junto a una fuerte demanda, las FARC siguen siendo una amenaza bien financiada, a pesar de su falta de apoyo popular.
La segunda fuente de problemas es la implacable oposición de los demócratas en el Congreso estadounidense ante cualquier cosa que pueda ser considerada útil para derrotar el terror y colocar a Colombia en una terreno económico más sólido. Esto quedó en evidencia con el anuncio de la vocera de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, de que su partido, el demócrata, bloqueará un tratado de libre comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia.
La guerra de Estados Unidos contra las drogas, que cuenta con el respaldo de demócratas y republicanos y que responsabiliza a Colombia del consumo de cocaína en Estados Unidos, es inmoral en sí misma. Pero ahora que las guerrillas han incursionado en el negocio del narcotráfico, los demócratas han empeorado aún más las cosas, al tratar de manejar de forma arrogante cada detalle de la guerra desde Washington con la asesoría de ONG izquierdistas.
La ley Leahy (que lleva el nombre del senador demócrata Patrick Leahy) fue aprobada en 1997. Ésta exige que cualquier oficial contra el cual se han presentado "acusaciones creíbles" de violaciones a los derechos humanos sea relevado de su cargo. De lo contrario, el país podría perder la ayuda que Washington otorga a sus fuerzas armadas. Los rebeldes no demoraron mucho en olfatear una gran oportunidad en esta ley. Pronto, empezaron a lanzar acusaciones contra los mejores generales del país, sin importar que la evidencia en su contra casi siempre resultará ser un perjurio sobornado. Se demolieron carreras y se destruyó la cúpula de las fuerzas armadas.
El presidente Álvaro Uribe, que asumió su cargo en agosto de 2002, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y emprendió una campaña para reconstruir a las fuerzas armadas, fortalecer la presencia del Estado y terminar con cualquier especulación de que el gobierno podría buscar un camino de apaciguamiento en medio de la violencia. Y ha logrado grandes avances. La guerrilla ahora ha vuelto a la defensiva y las tasas de secuestros y homicidios han bajado drásticamente. El analista de Bear Stears Tim Kearney acaba de regresar de un viaje a Colombia y observa que la economía "marcha a toda máquina (debido) a una combinación entre un mejor entorno de seguridad y las reformas de libre mercado del gobierno". El analista agrega que "con la inversión como motor de un poderoso repunte, creemos que el crecimiento del PIB real alcanzará un 6,4% en 2007".
Si la izquierda dura de Colombia ya estaba molesta con Uribe, esto realmente ha alborotado el gallinero. Su única esperanza es la ayuda de Washington, para volver a lo que les ha funcionado antes: en esta ocasión se trata de reciclar viejas y desgastadas acusaciones de que el presidente tiene vínculos con los paramilitares e insistir en que el gobierno ha protegido a asesinos que tienen en la mira a los líderes sindicales.
Los demócratas en Estados Unidos parecen sumamente contentos de ayudarlos. No pueden invocar la ley Leahy contra civiles, pero bloquear el acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos en el nombre de los "derechos humanos" también les sirve. Ello satisface a los "sandalistas", que todavía creen en una revolución cubana para toda América Latina. También satisface al partidario más importante del Partido Demócrata, el sindicato AFL-CIO, al eliminar la amenaza de una nueva competencia internacional.
Todo esto tal vez sea bueno para apuntalar las bases del Partido Demócrata, pero perjudica los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el hemisferio occidental y a un aliado importante de Washington, además de echar por la borda las esperanzas de una vida mejor para millones de colombianos pobres. O los demócratas tienen un pésimo criterio de relaciones internacionales o les gusta aliarse con el diablo.
El intervencionismo de los demócratas también daña la imagen de Estados Unidos en Colombia al trivializar la voluntad del pueblo colombiano. Uribe es inmensamente popular y el TLC, que ha sido una prioridad en su agenda, ha ido avanzando por el proceso democrático. ¿Quiénes son los demócratas para decir que Colombia no es digno de una alianza con Estados Unidos? Y en cuanto al apoyo a las FARC (no hay que olvidar que el senador John Kerry señaló en una ocasión que las FARC tenían "quejas legítimas") los demócratas podrían poner más atención a los acontecimientos que rodearon el asesinato de los diputados y la reacción del público.
La noticia estremeció a Colombia, tal vez porque tan sólo el mes pasado Uribe liberó a uno de los principales comandantes de las FARC, Rodrigo Granda, y a más de 100 prisioneros de guerra como una señal de buena voluntad en las negociaciones de intercambio de rehenes. El jueves, cientos de miles de colombianos en todo el país salieron a la calle para protestar contra las prácticas de secuestro de las FARC.
Los rebeldes culpan al gobierno por las muertes de los rehenes, diciendo que murieron bajo fuego cruzado. Pero los militares aseguran que no tenían operaciones en el área cuando las FARC dicen que ocurrió el conflicto. A menos que la guerrilla entregue pronto los cuerpos a un bando neutral, los expertos forenses tal vez no puedan determinar cómo murieron. No debiera importar mucho. Hasta las Naciones Unidas divulgó un comunicado denunciando la pérdida de vidas y responsabilizando, como debe ser, a los captores.
Se calcula que las FARC retienen a miles de rehenes por los que esperan una recompensa. Sin embargo, 45 de ellos poseen un valor político especial puesto que las FARC piensan que pueden ser usados como fichas de negociación para recuperar un territorio importante dentro del país donde no serán atacados. Uribe se ha negado, diciendo que la última vez que se hizo una tontería de esta envergadura, la guerrilla usó la zona protegida para guardar sus armas, albergar a especialistas en bombas del Ejército Republicano Irlandés (IRA), alojar a sus rehenes y lanzar sus perversos ataques. Fue durante este tiempo que los rebeldes tomaron la delantera en el conflicto y secuestraron a los 12 legisladores en Cali.
Los demócratas pueden sentir que pueden convertir a Colombia en un parque de diversiones donde se pueden imponer políticas necias que en otros países no se tolerarían. Pero alguien debiera mostrarles su error. Colombia es un lugar que ya ha sufrido demasiado a causa de la indulgencia estadounidense.
Este artículo fue publicado originalmente por el Wall Street Journal el 9 de julio de 2007.
Artículo del Wall Street Journal
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