El ataque a la libertad de prensa en América Latina
Deroy Murdock dice que "Desde la perspectiva de un caudillo, es mucho mejor usar tácticas de presión más sutiles y menos visibles" para coartar la libertad de prensa.
Por Deroy Murdock
Buenos Aires, Argentina— Los líderes autoritarios de América Latina abusan cada vez más de los periodistas del hemisferio. Afortunadamente, este maltrato es muy raro al norte del Río Grande. Pero una excepción ocurrió recientemente el pasado 23 de marzo.
Un escritor del Orlando Sentinel, Scott Powers, asistió a un evento para recaudar fondos —$500 por persona— en Winter Park, Florida. El vicepresidente Joseph Biden sería la atracción del evento. Un miembro del personal de Biden le dijo a Powers que esperara hasta que el vicepresidente llegara antes de poder empezar a cubrir el discurso.
De esta manera, Powers estuvo encerrado en un vestidor por más de una hora. El equipo de Biden luego liberó a Powers por 35 minutos para que observe el discurso del vicepresidente Biden como un reportero colectivo, esto es, en representación de toda la prensa. Después, Powers fue enviado nuevamente al pequeño vestidor por 15 minutos más, hasta que el vicepresidente se fue con su caravana de seguridad.
Más tarde, Elizabeth Alexander, miembro del equipo de Biden, le envió a Powers un mensaje poco convincente, especialmente dadas las circunstancias:
“Scott –Le envío mis sinceras disculpas por la falta de una mejor sala de espera el día de hoy.”
Esto fue una mala noticia, pero lo cierto es que fue una ocurrencia inusual en EE.UU.
Más preocupante todavía, es que la administración de Obama ha adoptado las reglas de una supuesta “neutralidad de la red”, las cuales teóricamente volverían la internet más abierta y accesible. Esto es muy extraño.
Aún así, la Comisión Federal de Comunicaciones encuentra algún tipo de problema, entonces en esta entidad están ocupados tratando de hacerle a la Internet lo que la administración de Obama le ha hecho al sistema de atención médica de EE.UU. El partido Republicano votó correctamente para tumbar la ley de la neutralidad de la red. El asunto ahora se encuentra en el escritorio del Senado, actualmente controlado por el Partido Demócrata.
Estos dos casos de EE.UU. son insignificantes comparados con los innumerables golpes que están soportando las organizaciones de noticias, los periodistas y los ciudadanos que expresan su opinión abiertamente en demasiadas partes alrededor de nuestro hemisferio.
No en todas partes, pero sí en muchos lugares, los opresores se han vuelto más sofisticados y menos abiertamente brutales en sus métodos para controlar la prensa. Golpear a periodistas en las calles es mucho más difícil hoy en día, dado que literalmente millones de personas pueden transmitir instantáneamente estas escenas al resto del mundo con las cámaras de sus celulares. La encarcelación de periodistas solamente crea víctimas de alto perfil, alrededor de las cuales los activistas de derechos humanos puedan organizar campañas de liberación, recolección de firmas para peticiones y demostraciones en las embajadas de los regímenes ofensores alrededor del mundo.
Este tipo de cosas pueden arruinarle el día a un autócrata.
Desde la perspectiva de un caudillo, es mucho mejor usar tácticas de presión más sutiles y menos visibles. Por ejemplo, un gobernante de mano dura podría atacar o desacreditar a los periodistas que no le agraden. ¿Por qué no poner una demanda en contra de ellos? O también, podría cancelar sus licencias para utilizar las frecuencias de radio y televisión. Si quisiera ser un poco más brusco, podría dejar que grupos de simpatizantes suyos acosen físicamente a estos periodistas mientras las autoridades fingen no ver lo que ocurre.
Estas técnicas, más vivas que nunca en la América Latina actual, intimidan a periodistas sin derramar sangre, crear mártires, o dar material para los carteles y afiches de las protestas, todo lo cual podría ser utilizado para capturar la atención de la comunidad internacional a favor de los miembros oprimidos de los medios de comunicación.
Todavía mejor, desde el punto de vista de los dictadores, sería darle una lección a uno o dos periodistas, ya que esto podría persuadir a otros a que tengan cuidado con lo que dicen. ¿Por qué censurar a los periodistas, si ellos mismos pueden hacer ese trabajo sucio por usted, mediante la auto-censura? (Este es un buen ejemplo de una mala privatización).
Existe una gran excepción a esta tendencia de coerción sutil —o mejor dicho, 23 grandes excepciones. Las discutiremos, pero todo a su debido tiempo.
Primero, examinemos la libertad de prensa —o la falta de ella— en algunos países de América Latina. Este no será un compendio comprensivo. En cambio será más como un resumen de las opresiones a la prensa en el hemisferio. Este resumen se basa generosamente en el excelente trabajo de la Asociación Interamericana de Prensa de Miami, la cual sigue estos problemas con mucha energía y pasión.
Considere a Nicaragua, donde el presidente es el Sandinista Daniel Ortega. El pasado 17 de enero, un canal de televisión Nicaragüense en Puerto Nuevo, llamado Canal 15 Condega TV, fue sacado del aire por su compañía de cable, supuestamente por ordenes del gobierno. El día anterior, Canal 15 fue obligado a salir del aire ya que alguien cortó un cable de fibra óptica y dejó una nota diciendo: “Se lo advertimos, nosotros no queríamos Canal 15 en Puerto Nuevo”.
El director del canal, Carlos Cerda Acuña, dijo que el canal había recibido amenazas que que las instalaciones de la sede central serian destruidas si no paraba de criticar el gobierno.
En otro lugar, el 19 de febrero, alguien llamó a Luis Galeano, un escritor del periódico El Nuevo Diario y dejó un simple mensaje: “Tiene solamente 72 horas para vivir.”
El mismo día, alguien también le envió una carta a Galeano diciéndole que parara de publicar historias acerca del presunto fraude en el Concejo Supremo Electoral, asunto sobre el cual él y otro colega habían reportado un día antes. El editor de El Nuevo Diario, Francisco Chamorro, dijo que esta era la tercera amenaza que Galeano había recibido en 2011. Su seguridad física también estuvo en peligro cuando escribió acerca de un presunto caso de corrupción en el Ministerio de Finanzas.
También, cuando El Nuevo Diario criticó la corrupción en la agencia de aduanas de Nicaragua, este periódico experimentó retrasos en el recibo de suministros de producción importados que requerían despacho de la aduana.
Próximo ejemplo: Ecuador.
El 21 de marzo, el presidente Rafael Correa demandó por calumnia injuriosa al periódico El Universo y sus directivos. Aparentemente, a Correa no le gustó que un artículo de opinión lo acusara de ordenar un ataque a un hospital durante la revuelta de la policía de septiembre de 2010. Correa pide $80 millones en retribución por daños -$30 millones por parte del periódico y los $50 millones restantes deberán ser pagados personalmente por los ejecutivos Carlos, César, y Nicolás Pérez y por el editor de opinión Emilio Palacio. Correa también quiere que estos cuatro hombres pasen tres años en prisión.
Las disputas legales de Correa se han vuelto muy conocidas en América Latina.
En febrero, Correa demandó a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por el libro El Gran Hermano. Este libro cuestionó los contratos con el Estado que había recibido Fabricio Correa —el hermano del presidente. Esta demanda busca que dichos periodistas le paguen $10 millones.
Correa hizo noticia el 7 de mayo también, cuando los ecuatorianos aprobaron por un margen estrecho la prohibición a que los dueños de los medios de comunicación también posean otra clase de negocios —supuestamente para prevenir los conflictos de interés. Esta victoria también permite la creación de un concejo oficial de prensa con autoridad de censurar la cobertura de las noticias o, como el referendo mismo decía, convertir al Estado en “un regulador y controlador del contenido de los medios de comunicación”.
El 5 de abril, el presidente Correa expulsó de su país a la embajadora de EE.UU., Heather Hodges. De acuerdo al ex-diplomático estadounidense Roger Noriega, quien ahora trabaja para el American Enterprise Institute, “la expulsión de la testaruda embajadora Hodges sirve para deshacerse de una potencial crítica de su gobierno.”
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Argentina es un país maravilloso, con una gente cálida, amigable, amante de la diversión y la carne y altamente nocturna —todas cualidades magnificas. Cuán triste es entonces, agregar esta espléndida nación a la lista de países de mala fama.
El pasado 27 de marzo, miembros de la Confederación General del Trabajo, un sindicato izquierdista, agitaron pancartas a favor del gobierno mientras bloqueaban la planta impresión de los periódicos anti-gobierno Clarín y La Nación. En al menos otras cuatro ocasiones anteriores, estas obstrucciones han durado seis o más horas, efectivamente previniendo que ediciones enteras de estos periódicos lleguen a manos de los lectores.
En diciembre y enero, el juez de la corte civil Argentina, Gastón Polo Olivara, decidió que el derecho a la protesta no puede obstruir el derecho de la libertad de prensa. El juez desautorizó estos bloqueos y le ordenó a la Ministra de Seguridad Nilda Garré que haga cumplir este fallo. Sin embargo, la policía ha permitido que estas barricadas continúen. Por esta razón el 7 de abril la Asociación Interamericana de Prensa declaró que “la falta de acción por parte de los fiscales que investigan estos eventos han conducido a una impunidad que sin duda alguna llegará a ser el factor principal en el incremento de las amenazas”.
Entretanto, la Associated Press reporta que la presidente Cristina Fernández de Kirchner está “tratando de transformar la industria de comunicaciones de Argentina mediante una ley que rompería los monopolios de los medios de comunicación y forzaría a que los proveedores de televisión por cable incluyan canales dirigidos por sindicatos, indígenas, y otros activistas”.
La noticia más increíble en Argentina respecto de la libertad de prensa surgió el pasado 29 de marzo cuando la Universidad de la Plata otorgó su premio Rodolfo Walsh al periodismo a, nadie más y nadie menos, que el presidente venezolano Hugo Chávez.
“Este premio que damos no es neutral, no es aséptico”, declaró Florencia Saintout, la decana de la facultad de periodismo, al entregarle este premio a Chávez. “Usted encabeza uno de los procesos más profundos de emancipación en América Latina”. Saintout elogió a Chávez “por su compromiso incuestionable y auténtico” para “darle voz a la gente de la que menos se escucha”.
En el 2005, Chávez usó ingresos del petróleo para lanzar Telesur, una nueva alternativa a las estaciones privadas en toda América Latina, financiada por el Estado. Lo irónico fue que a los canales privados de televisión se les prohibió transmitir la ceremonia en la cual Chávez recibió su galardón por la libertad de prensa. Los ojos del mundo tenían solamente una fuente para las imágenes de dicho evento: ¡El canal de Chávez, Telesur!
Los lentes de Chávez eran los únicos que tenían permiso para presenciar su propio discurso de que los venezolanos disfrutan de “plena libertad de crítica, de pensamiento y de expresión”. Además Chávez agrego, “Solo que a la burguesía le gusta imponer su voz. No le gusta oír las voces del pueblo”.
Esto debió haber sonado como una verdadera noticia para los periodistas venezolanos.
Hugo Chávez forzó al canal opositor Radio Caracas Televisión a que saliera del aire en 2007, negándose a renovar la licencia de su frecuencia. El año pasado, la agencia de telecomunicaciones del gobierno le dijo a las compañías de cable que no transmitieran RCTV Internacional porque esta se negaba a transmitir los discursos de Chávez y otros programas obligatorios. El régimen de Chávez también le negó las licencias, y así silenció, a dos canales pequeños de televisión y a 38 estaciones radiales —cuatro de ellas ¡la misma semana que Chávez recibió su premio por excelencia en el periodismo!
Mientras que la Universidad de la Plata parece haberse metido en aguas turbias, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela se ha mantenido estable.
"Nuestro sindicato”, declararon, “ha sido testigo…de múltiples acciones emprendidas durante el gobierno de Chávez para generar censura y auto-censura entre los periodistas y los medios independientes y de establecer en Venezuela lo que el actual ministro de Información, Andrés Izarra, bautizó como la ‘hegemonía comunicacional’”.
Gracias a las rígidas políticas de Chávez para controlar el valor de la moneda, los venezolanos se pueden meter en un gran problema solo si publican los valores relativos del bolívar y el dólar.
“Siquiera citar el precio real (es decir, no controlado) del dólar en términos de la moneda local es ahora un crimen que puede ser castigado con una multa de hasta Bs.55,000 —más o menos unos $12.790 de acuerdo a la tasa de cambio oficial”, indica Francisco Toro en su página web, What’s Next, Venezuela? Toro agrega que “Es ilegal, por supuesto, que yo le diga el tipo de cambio real en relación a los dólares…Los comerciantes ilegales de divisas son muy ingeniosos: ellos han creado y mantenido páginas de internet anónimas para intercambiar precios referenciales y así comunicarse activamente para permitir que el mercado siga operando”.
El modelo a seguir de Chávez, por supuesto, es el aparentemente inmortal Fidel Castro. Él ha pasado más de 52 años reprimiendo periodistas. El caso más reciente, es el de la expulsión de al menos 18 periodistas independientes, incluyendo muchos que habían estado tras las rejas. En abril, Castro expulsó a Alberto Santiago Du Bouchet Hernández a España. Anteriormente, él estaba sirviendo una condena de 3 años por “irrespeto”.
Desafortunadamente, el estadounidense Alan Gross sigue en la cárcel cumpliendo una sentencia de 15 años por importar ilegalmente computadores hacia Cuba como parte de una iniciativa para promover la democracia. El ex presidente Jimmy Carter visitó a Cuba en marzo y trató de liberar a este contratista de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional. Lamentablemente, su misión no tuvo éxito. Alan Gross sigue siendo un prisionero estadounidense de Fidel Castro y debe ser puesto en libertad inmediatamente. Hasta entonces, los ciudadanos estadounidenses no deberían olvidarse de él y los oficiales del gobierno deberían mantener su liberación en la agenda de Washington.
Mientras tanto, existe una gran excepción a estas técnicas de opresión, por lo general más sutiles, que actualmente se presentan en Latinoamérica.
No hay algo menos sutil que se le pueda hacer a un periodista que matarlo. Tristemente, en 2010 23 periodistas fueron asesinados en las Américas: uno en Colombia, dos en Brasil, nueve en Honduras y once en México. La mayoría, si no todos, parece que han sido víctimas de criminales, pandillas criminales y carteles, más no de políticos y burócratas. En cualquier caso, ellos están muertos y sus sociedades se han vuelto más pobres debido a su ausencia.
Las personas que aman la libertad deberían alzar sus voces a favor de los periodistas a lo largo del continente americano y del mundo. Mientras más amigos tengan, o al menos mientras se crea que tienen más amigos, menos ansiosos estarán los déspotas de distraerlos de su trabajo…o de ordenar su muerte.
Aquellos que desafían a los tiranos deberían sentirse orgullosos de asociarse con Thomas Jefferson, quien en alguna ocasión dijo, “Si de mi dependiera elegir entre un gobierno sin prensa o una prensa sin gobierno, no dudaría un instante en elegir lo segundo”.
Este artículo de opinión es una adaptación del discurso de Murdock para la conferencia "El Estado de Derecho y las instituciones en América Latina”, realizada en Buenos Aires el 15 de abril de 2011y co-patrocinada por el Atlas Economic Research Foundation.