Ecuador: Después de Correa
Gabriela Calderón de Burgos afirma que la Constitución implementada en 2008 ha fracasado en cumplir varias de sus promesas, tuvo un origen viciado e impide que Ecuador vuelva a un Estado de Derecho.
Por Gabriela Calderón de Burgos
A algunos, pareciera que no se les cruza por la cabeza esta frase. Pero como dicen que todavía somos una democracia, hay que asumir que esto es un escenario no solamente probable sino también inevitable. Habrá un “después de Correa” y cualquier político que quiera reemplazarlo debe estar preparado para ofrecer una verdadera alternativa al proyecto de Alianza PAÍS, que no ha cumplido con varias de las promesas que hizo.
La Constitución de Montecristi, la cristalización del proyecto de Alianza PAÍS, se vendió como un documento que refundaría al país y, particularmente, iniciaría una nueva forma de hacer política. ¿Se acuerdan de eso de “manos limpias, corazones ardientes, mentes lúcidas”? Se prometió, entre otras cosas, que se defendería la libertad de todos. Ahora sabemos que cuando se aumenta el poder del Estado en nombre de incrementar la ‘libertad’ de los ciudadanos, en realidad solo se aumenta la libertad de los políticos de turno para aplicarle el poder represor del Estado a los demás.
La Constitución nació luego de múltiples golpes a la institucionalidad democrática del país. Golpes que incluso la OEA respaldó felicitando a Correa “por sacar adelante el proceso constitucional para poner fin a la inestabilidad crónica que afecta a Ecuador en las últimas décadas”.1 En el proceso para crear la nueva carta política se destituyó a toda la oposición en un congreso electo en las mismas elecciones en que Correa fue elegido y luego se disolvió a ese mismo congreso. También se descabezó al Tribunal Constitucional, la máxima autoridad en una democracia constitucional.
Dejando a un lado que ha fracasado en cumplir lo prometido y que tiene un origen viciado, su vigencia impide que el país vuelva a un Estado de Derecho. Desde que la Carta Magna se firmó en 1215 la tradición constitucionalista ha existido para limitar el poder. Pero el documento de Montecristi hace lo contrario, lo refleja.
Los principios básicos de un Estado de Derecho se pueden resumir así: (1) Las leyes deben aplicarse por igual a todas las personas, incluidos los gobernantes; (2) debe existir la separación de poderes para que el poder no sea abusado; (3) el organismo que crea las leyes debería ser distinto al que las administra; y (4) se necesita de una autoridad judicial independiente para garantizar la administración justa de las leyes.2 La verdad es que la Constitución de Montecristi no se propuso hacer esto ni en papel. Para lo que ha servido —y seguirá sirviendo— es para vestir de legalidad ataques a las libertades individuales.
Por supuesto que no propongo volver a hacer un borrón y cuenta nueva arriesgándonos a que venga otro político a crearse una nueva constitución a su medida. Pero cualquier verdadera alternativa al correísmo debe empezar proponiendo que el país retorne a un Estado de Derecho. Eso implica declarar nula la Constitución de Montecristi por la vía jurídica apropiada, retornando a la Constitución de 1998 y, si la ciudadanía lo desea y lo manifiesta a través de los mecanismos previstos en esa carta política, proceder a realizar una reforma constitucional de artículos y cláusulas puntuales. La carta política de 1998 está lejos de ser ideal, pero si es menos reglamentaria que la de Montecristi y al menos contempla, en papel, una mayor separación de poderes.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 20 de julio de 2012.
Referencias:
1. http://www.eluniverso.com/2007/03/10/0001/8/5A26C2D5B2EC420083428AC5141A1E4C.html
2. “Ley y Constitución” en Boaz, David. Liberalismo, una aproximación. 2007. Editorial Gota a Gota, p. 180.