Constructora del Instituto Costarricense de Electricidad
Juan Carlos Hidalgo dice que el Instituto Costarricense de Electricidad tiene una incompetencia documentada cuando se trata de realizar obras públicas.
El Estado empresario fue un episodio aciago en la historia nacional. Bajo la sombrilla de Codesa, el Estado se metió en los setenta en múltiples aventuras empresariales, desde la producción de cemento y chocolates hasta la administración de fletes marinos. Lo hizo con la eficiencia de Japdeva y la transparencia de la trocha fronteriza. El experimento desembocó en enormes pérdidas para el Estado, que luego se trasladaron al Banco Central y que terminamos pagando vía altos niveles de inflación hasta bien entrados los noventa.
La tentación por darle un nuevo aire al Estado empresario ha permanecido vigente en ciertos círculos políticos. Por eso, hace unos meses una comisión legislativa aprobó de forma unánime un proyecto de ley que pretende convertir al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en una empresa constructora, autorizándole a participar en el desarrollo de todo tipo de infraestructura. ¿Qué hace un ente estatal —cuya misión es generar y distribuir electricidad y operar telecomunicaciones— construyendo carreteras, escuelas y hospitales?
El argumento es que el ICE ya erige obra pública (plantas eléctricas, túneles, etc.), por lo que cuenta con un amplio expertise que podría usarse para otra clase de proyectos. No obstante, el historial reciente del ICE construyendo infraestructura es fatídico. Veamos algunos ejemplos: el proyecto Planta Pirrís fue estimado inicialmente en $300 millones pero terminó costando $630 millones (sobrecosto del 110%), el Parque Eólico tenía una valoración inicial de $21 millones pero se concluyó en $53 millones (+152,3%) y Balsa Inferior pasó de $94 millones a $361 millones (+284%). ¿Cuál sería la ganga de poner al ICE a desarrollar otras obras?
Por supuesto, estas pérdidas multimillonarias son trasladadas a los usuarios vía tarifas eléctricas más caras —donde el ICE cuenta con un monopolio—. El proyecto de marras vendría a magnificar el riesgo financiero de esta bien documentada incompetencia. Pero las cosas no quedan ahí: el diputado Fabricio Alvarado (RN), proponente del entuerto legislativo, añade que la finalidad es que el ICE sea “escogido a dedo para construir obra pública”. Es decir, que no medien licitaciones ni concursos públicos de ningún tipo. ¿Qué podría salir mal?
La administración Solís, que siempre ha soñado con convertir al ICE en una nueva Codesa dedicada a una multitud de emprendimientos, está encantada con el proyecto. El porrazo, como lo demuestra la historia, se lo llevarán los usuarios.
Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 16 de agosto de 2016.